13 de junio de 2019
13.06.2019
Judicial

Un procesado por violación pide al juez que le deje renovarse el pasaporte

La Audiencia deniega esta posibilidad, ya que cree que el sujeto, que se enfrenta hasta a 12 años de cárcel, podría fugarse

13.06.2019 | 12:41
Un procesado por violación pide al juez que le deje renovarse el pasaporte

La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso de un hombre, procesado por agresión sexual, que pidió que le dejasen renovar el pasaporte. La Sala cree que, de disponer de esta documentación actualizada, hay riesgo de que se fugue del país, ya que, aunque ahora está en libertad provisional, se enfrenta a penas de hasta 12 años entre rejas. Contra este auto no cabe recurso alguno. Es firme. 

Tanto la Fiscalía como la acusación particular, en nombre de la víctima de violación, se opusieron a que este sujeto pueda disponer de pasaporte. El individuo, libre con cargos, cada 15 días tiene que presentarse en el juzgado, y está a la espera de que se fije la fecha para la vista oral. 

La defensa del acusado afirmaba que se debía aceptar el cambio de pasaporte, ya que el hombre necesitaba cambiarlo en Marruecos para renovar su permiso de residencia y trabajo, y para ello le era necesario una copia del pasaporte en vigor. El individuo dice que tiene a su familia en el citado país africano, pero "no aporta documento alguno del que podamos inferir planes inmediatos de fijar la familia su residencia en España, o bien planes futuros de trabajo en España", se lee en el auto.

Según el artículo 530 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la retirada del pasaporte a un investigado puede llevarse a cabo para asegurar el mantenimiento del acusado. Hay jurisprudencia: el Tribunal Constitucional recordó que la libertad provisional no conlleva la prohibición a los extranjeros la salida del territorio nacional ni la retirada del pasaporte puesto que limita la libertad personal. Sin embargo, la jueza denegó la devolución del pasaporte.

A pesar de que haya pasado más de un año desde que se adoptó esta medida, existe un dato importante que permite afirmar el todavía existente riesgo de fuga del acusado, y es la pena de prisión de hasta doce años que se le puede imponer. Está también el hecho de que el propio investigado no justifica la necesidad inmediata de renovar su permiso de residencia y de trabajo.

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