07 de junio de 2019
07.06.2019
Tribnales

La juez de la desaladora suspende las declaraciones de Cámara y Barreiro

Los exalcaldes y antiguos altos cargos de la Comunidad citados como testigos declararán previsiblemente en el juicio

07.06.2019 | 14:36
Miguel Ángel Cámara y Pilar Barreiro.

Las declaraciones de los exalcaldes y antiguos altos cargos de la Comunidad Autónoma que habían sido citados como testigos en el caso de la desaladora de Escombreras han sido suspendidas tras la decisión de la Audiencia Provincial de dar por acabada la instrucción de la causa.

Un tribunal presidido por Juan del Olmo ha dictaminado que el Juzgado de Instrucción número 5, que investiga el llamado caso La Sal, aceptó fuera de plazo la solicitud formulada por la Fiscalía para que se declarara la causa 'compleja' y pudiera ampliarse el plazo de investigación a 18 meses, tal y como establece la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por el PP en 2015.

Tras el auto de la Sección Tercera de la Audiencia, difundido este jueves, que da por cerrada la instrucción en septiembre de 2018 y deja sin validez las diligencias que hayan podido realizarse desde que se cumplieron los seis meses desde que se levantó el secreto del sumario, el Juzgado ha suspendido las comparecencias de los testigos que habían sido citados para la próxima semana.

Entre ellos figura el exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara y las exalcaldesas de Cartagena y Fuente Álamo Pilar Barreiro y María Antonia Conesa, respectivamente, además del exalcalde de Torre Pacheco Daniel García.

También estaba previsto que declarara como testigo el que fuera presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) José Salvador Fuentes Zorita y el abogado Gaspar Ariño, del gabinete jurídico que emitió varios informes para el Ente Público del Agua (EPA).

Por otra parte, debían comparecer el ex interventor de la Comunidad Autónoma, Eduardo Garro, y al exjefe de los Servicios Jurídicos Francisco Ferrer.

La Fiscalía espera que el juzgado decida ahora la apertura de juicio mediante un procedimiento abreviado con las pruebas reunidas en las diligencias practicadas hasta el mes de septiembre.

El Ministerio Fiscal considera que la causa abierta en 2016 para investigar la posible comisión de ilícitos penales en torno a la desaladora de Escombreras, promovida por la Comunidad Autónoma, no corre peligro por el auto de la Audiencia Provincial que anula la ampliación del plazo de instrucción acordada por el juzgado por ser acordada fuera de plazo.

Considera igualmente en que los testigos que estaban citados para la próxima semana y que ya no declararán puedan ser citados para comparecer en el juicio.

En opinión del Ministerio Fiscal, aunque hay pruebas pendientes de practicar que ya no se podrán llevar a cabo en cumplimiento del acuerdo de la Audiencia, contra el que no cabe recurso, la causa cuenta con elementos probatorios suficientes sobre los que basar la acusación.

Con el material probatorio que se contiene en las actuaciones, se considera que el archivo de las actuaciones nunca sería posible.

Entre los investigados en el caso La Sal figuran el exconcejero de Agricultura Antonio Cerdá y ex altos cargos de su equipo y del desaparecido Ente Público del Agua, así directivos de las empresas del grupo ACS y de las sociedades murcianas que firmaron los contratos de la desaladora de Escombreras con la Comunidad en 2016.

Tras el auto de la Audiencia, hecho público ayer, la magistrada que dirige las investigaciones deberá decidir si acuerda el sobreseimiento de las diligencias, cosa harto improbable, o si continúa la tramitación prevista en la ley para la apertura del juicio oral.

En aquel auto, el tribunal señalaba al estimar el recurso presentado por las defensas de varios investigados que solo podía pronunciarse sobre la anulación de la ampliación del plazo de instrucción.

Pero dejaba abierta la puerta a que los letrados defensores pudieran plantear, "en el momento procesal adecuado", las cuestiones relativas a la validez de determinadas diligencias o a la prescripción de los delitos.

Esos delitos son los de malversación de caudales públicos, fraude, cohecho, falsedad documental y delito societario.

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