El ámbito de la Sanidad es uno de los que más conflictos genera, ya que la mayoría de los ciudadanos coinciden en que 'con la salud no se juega'. Diagnósticos desacertados o tardíos, operaciones que no llegan por las largas listas de espera o cuyo resultado cambia la vida de una persona y su familia para siempre, nacimientos que se retrasan para evitar que aumente la tasa de cesáreas o problemas en la atención son algunos de los cientos de casos que llegan cada día a la Asociación Defensor del Paciente, una organización nacional que dispone de abogados y especialistas en todo el territorio. En Murcia cuentan con Ignacio Martínez, un letrado que a fuerza de batallar casos desde hace años ha incorporado a su vocabulario términos muy técnicos de la medicina que sólo llegan a entender quienes se mueven en este mundo. Aunque recuerda con algo de nostalgia sus inicios, cuando acudía a la librería Diego Marín de Murcia para consultar manuales de medicina. Martínez comenzó a ejercer como abogado hace 28 años y desde 2001 trabaja con el Defensor del Paciente. En 2010 también se involucró en la lucha de los afectados por la Talidomida (Avite) y en 2015 comenzó a representar a los afectados por el Depakine.

¿Cómo dio el paso de trabajar en casos sanitarios con la Asociación Defensor del Paciente?

Fueron casualidades. Me tocó un caso de un chico que en una operación de hernia inguinal perdió un testículo y me metí en Internet para consultar, en la época en la que comenzaba Internet, pero al no haber mucha información me iba a las librerías, sobre todo a Diego Marín, y me cogía los libros de medicina. Tomaba notas, ya que no me podía comprar bibliografía de todas las especialidades. Buscando vi que había una asociación y al contactar con ellos la presidenta me ofreció colaborar. Comencé a trabajar con ellos en Murcia, pero después me dieron Almería, Albacete, Alicante, Granada y Jaén.

¿Cómo funciona la asociación?

Cuando llama alguien consultando a la asociación se les dice dónde hay despachos y él es quien elige. En Valencia, por ejemplo, tengo otro compañero, pero hay gente de Alicante que por el motivo que sea prefiere venir a Murcia y otros que eligen Valencia porque, yo que sé, prefieren hablar valenciano.

Imagino que por lo complejo que es el ámbito sanitario en los 18 años que está en la Asociación Defensor del Paciente habrá visto de todo. ¿Cuáles son los casos más habituales?

Hay especialidades que son, por decirlo de alguna manera, reincidentes. Pero tampoco hay que hacer una lista de unas que son peores que otras, ya que hay que tener en cuenta que hay técnicas que se hacen más y también tienen más probabilidad de presentar complicaciones, es una cuestión estadística. Hay bastantes casos de hipoxias neonatales en la Arrixaca, pero también es cierto que la Arrixaca es el hospital en el que más niños nacen de España cada año. Por lo que también hay que echarles un capote. Pero esto no quita para restar gravedad a la situación, ya que los daños son gravísimos y se dan en bebés que quedan afectados para toda la vida. Otra situación que se da mucho son las infecciones abdominales que se diagnostican tarde después de una cirugía y provocan la muerte. También casos de ginecología o aquellos en los que hay una inadecuada aplicación del Código Ictus y que también tienen secuelas gravísimas.

¿Hay algún caso que en este tiempo le haya tocado más la 'fibra' por lo complejo o por las secuelas que implicó?

La profesionalidad es una mezcla de saber hacer y afrontar psicológicamente una situación en su justa medida. Siempre los casos te afectan, porque un abogado que no empatiza no interesa. Tuvimos un caso de un neonato al que le pusieron la alimentación de 24 horas en media hora provocándole una hiperglucemia de 900 que le llevó al coma. Yo siempre digo que la medicina es una actividad de riesgo y por pura estadística siempre va a haber una serie de actos médicos erróneos, pero lo que más me afectan son las injusticias, ya sea de un juez, de un forense, de un fiscal o del propio equipo médico o enfermero, cuando por ejemplo se altera la historia clínica, que también hay casos.

¿Se ha ganado en seguridad con la digitalización de la historia clínica para evitar estas situaciones, que se manipule?

No. El acceso a la historia clínica siempre ha estado claro. Pero el problema está en quienes tienen que expedir las historias. En la Arrixaca, como tienen un departamento jurídico y de documentación, te dan la historia sin problemas. Pero si el paciente va a una clínica particular le van a poner pegas y le intentarán dar la vuelta para intentar no facilitársela. Hay médicos a los que no les entra en la cabeza que la historia clínica no es algo de su propiedad sino de los pacientes. En este ámbito se ha mejorado algo, pero realmente las historias clínicas que más seguridad tienen son las de los centros de salud de Atención Primaria por el programa que utilizan.

Entre los casos más sonados que ha llevado últimamente destaca el de iDental, la cadena de clínicas dentales que ha estafado a miles de pacientes en toda España y a los que no facilitaba sus historias clínicas...

Uno de los dentistas que trabajaba allí se dirigió a la asociación afirmando que el instrumental no era esterilizado sino que lo metían en un bote con lejía y lo lavaban, de ahí que nosotros denunciáramos la situación ante Fiscalía y lo destapáramos. No obstante, la culpa de esto la tiene el Ministerio y los colegios profesionales porque esta situación ha venido precedida de cientos de denuncias de pacientes y ha primado la ley del silencio. Se debería haber actuado de oficio.

¿Qué garantías tiene un paciente que ha sufrido una negligencia de que se va a hacer justicia y el responsable va a ser condenado?

En Penal es prácticamente imposible condenar. Para ello tiene que ser un caso en el que te operen la pierna equivocada. Tenemos un caso de estos en Murcia y ni así hay esperanzas. Lo habitual es que se vaya por lo Civil o, si es contra la Administración, por lo Contencioso Administrativo. Pero realmente en nuestro sistema no existe ningún mecanismo de protección al paciente que ejerza un control sobre los profesionales que no lo son, ya que sólo una condena penal les puede apartar del ejercicio profesional si son reincidentes. Por ello, tenemos auténticos 'carniceros' en el sistema sanitario a los que no se les inhabilita.

Uno de los mayores problemas de la Justicia suele ser el colapso que sufre. ¿Se suelen eternizar estos casos en el tiempo?

En el caso de Murcia sabemos que la ratio de jueces es bajísima, pero también hay que tener suerte con el juzgado en el que cae cada caso. El tiempo puede variar muchísimo y es algo que preguntan los clientes, pero depende de muchas cosas. También es un arma con la que juegan las aseguradoras, que son las que hacen negocio. Nosotros, por protocolo, intentamos llegar a un acuerdo en todos los casos, pero ellas aprovechan la lentitud de la justicia y su arbitrariedad y se la juegan, tiran los dados y prueban a ver qué tal. En el último caso que hemos dado a conocer (un joven que quedó en silla de ruedas por el retraso en el diagnóstico de un tumor benigno en la columna) y en el que se indemnizará con 1,7 millones de euros nosotros intentamos un acuerdo que hubiéramos cerrado en 300.000 euros. Pero el negocio de las aseguradoras está en los pacientes que no reclaman por las dudas y el tiempo.

¿Existen diferencias entre los casos de la Sanidad pública y los de la privada?

La gran diferencia es que la pública es mucho mejor que la privada. Primero porque la pública tiene los medios y los profesionales más punteros y, después, porque la privada lo hace todo por ahorrar. Gran parte de los casos más graves de tratamientos bucales que hemos tenido son por haber puesto implantes a pacientes que no tienen hueso en el que sujetarlos por no haber hecho una prueba de imagen para comprobarlo, prueba que puede rondar los 50 euros. Esto es sólo una muestra de lo que puede pasar.