01 de junio de 2019
01.06.2019
La Opinión de Murcia
Tribunales

El fraude del AVE sienta en el banquillo a 50 acusados

El Juzgado de instrucción que ha investigado el caso César abre juicio contra los empresarios y ex altos cargos

31.05.2019 | 22:24
Detención de varios implicados en el fraude del AVE.

El Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia ha decidido abrir juicio oral contra medio centenar de empresarios y altos cargos responsables del fraude en las obras del AVE conocido como caso César. Más de 50 personas y constructoras de cuatro uniones temporales de compañías encargadas de otros tantos tramos de la línea de Alta Velocidad en el tramo comprendido entre Crevillente (Alicante)y Murcia se sentarán en el banquillo tras la decisión de la magistrada.

Según han informado este viernes fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región, la titular del Juzgado número 9 ha citado entre las personas físicas que serán juzgadas a responsables del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante) y de la comunidad de regantes San Felipe Neri (Crevillente), en la provincia de Alicante.

En el también conocido como caso César se investigan contratos de ejecución de obras de reposición de infraestructuras hidráulicas y canalizaciones afectadas por la construcción de la plataforma ferroviaria de Alta Velocidad del Levante español y paralelamente un fraude en el Impuestos de Sociedades y del IVA.

En algunos casos se acusa a los procesados como autores de delitos contra la Hacienda pública, malversación, fraude, estafa, falsedad, pertenencia a grupo criminal o blanqueo de capitales y en otros, como responsables civiles subsidiarios y partícipes a título lucrativo del delito.

El procedimiento se inició en 2015 tras una denuncia de la Agencia Tributaria que desvelaba presuntas irregularidades fiscales a través de un entramado de empresas sin actividad que emitían facturas falsas, que, según el fiscal, habrían permitido desviar al menos 24,9 millones de euros del presupuesto de Adif, con otros 2,1 de perjuicio a la Hacienda pública.

La Abogacía del Estado pide que las empresas implicadas en el fraude de las obras del AVE paguen una multa y ha pedido penas que suman el equivalente al triple de las cantidades defraudadas, que los investigadores consideran que superaron los 50 millones de euros. También solicita una pena 16 años de prisión para el exdirector de Infraestructuras para Levante del Administrador de Infraestructuras (Adif) José Luis Martínez Pombo, uno de los principales inculpados en el fraude millonario.

El escrito acusa igualmente a las empresas a las que fueron adjudicadas los trabajos de reposición de las redes de regadíos afectadas por las obras del AVE, entre ellas, Sacyr, Neopul, Dragados, Tecsa, Acciona y San José. Para ellas se pide que sean condenadas a pagar una multa equivalente al triple de las cantidades defraudadas, que los investigadores consideran que superaron los cincuenta millones de euros. Afirma la Abogacía del Estado que este presunto fraude fue cometido con ocasión de los concursos de construcción del citado tramo del AVE y que se concretó especialmente en las obras de reposición de las redes de regadío.

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