La magistrada del juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, en un auto notificado hoy, acuerda apertura del juicio oral del procedimiento conocido como 'caso Cesar' o 'fraude en las obras del AVE', en el que se investigaba los contratos de ejecución de obras de reposición de infraestructuras hidráulicas, canalizaciones, afectadas por la construcción de la plataforma ferroviaria de Alta Velocidad del Levante y, paralelamente, fraude en el Impuesto de Sociedades e IVA.
El juicio oral se dirige contra más de 50 personas y diversas empresas constructoras integrantes de cuatro UTE (encargadas de los cuatro tramos de la línea del AVE de Crevillente a Murcia); entre las personas físicas se encuentran responsables de ADIF, del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y de la Comunidad de Regantes San Felipe Neri. En algunos casos, se les acusa como autores del delito y otros como responsables civiles subsidiarios y partícipes a título lucrativo.
El procedimiento se inició en 2015, tras una denuncia de la Agencia Tributaria que ponía de manifiesto presuntas irregularidades fiscales, canalizadas a través de un entramado de empresas sin actividad, emisoras de facturas falsas; que habría permitido, en última instancia un desvío de fondos del presupuesto de ADIF que el Ministerio Fiscal cifra en, al menos, 24,9 millones de euros. Mas unos 2,1 millones de perjuicio a la Hacienda Pública, según la acusación pública.
Contra este auto no cabe recurso.
