La posibilidad de que los miembros del Ejecutivo regional y los altos cargos de la Administración autonómica tengan que abandonar sus despachos dentro de varias semanas si el PSOE consigue formar Gobierno ha sembrado la inquietud en las sedes de las consejerías. Por primera vez después de 24 años los responsables de la Comunidad deben prepararse para recoger y entregar las llaves a los sucesores de un partido diferente, sabiendo que inmediatamente se pondrán a fiscalizar toda la documentación y a mirar debajo de las alfombras.

Para que nadie se deje llevar por la tentación de enchufar la trituradora de papel para hacer limpieza o de borrar los discos duros, tal y como ha ocurrido en alguna ocasión, un colectivo de abogados ha remitido un escrito al presidente, Fernando López Miras, para advertirle de que la Ley de Transparencia y Buen Gobierno de la Región le responsabiliza del «estado de la documentación necesaria para facilitar el traspaso de poderes al Gobierno» y le obliga a «a preservar e inventariar los documentos básicos en el formato más seguro y práctico».

El Colectivo Jurídico Las Vías recuerda en su escrito que el artículo 56 de la Ley de Transparencia «obliga a poner a disposición del gobierno entrante toda la información de las actividades y actuaciones en las que hayan intervenido los anteriores responsables» y enumera la lista de altos cargos que deben encargarse de «garantizar el inventario y la preservación, custodia y puesta a disposición». En la relación figuran desde el jefe del Ejecutivo y los consejeros hasta los directores generales y gerentes de los distintos departamentos y organismos públicos.

El nerviosismo empezó a contagiarse entre los responsables de la Administración regional desde que el PSOE ganó las elecciones generales el pasado mes de abril y fue tomando cuerpo la evidencia de que el PP podía perder también los comicios autonómicos, tal y como ha ocurrido este domingo. El PSOE tiene en la Asamblea Regional 17 diputados, uno más que el partido en el Gobierno, aunque el resultado definitivo del escrutinio está pendiente aún del voto emigrante, cuyo recuento puede conocerse hoy.

Fuentes de la Consejería de Transparencia aseguraron ayer que «la administración electrónica garantiza que los documentos están digitalizados», al tiempo que «existe un proceso administrativo regulado y ejecutado por funcionarios para garantizar su custodia». El Departamento de Pedro Rivera añade que «cualquier intento de modificación quedaría registrado en la huella digital», por lo que se le podría seguir el rastro, y defiende que toda la documentación «está a disposición de los ciudadanos» en su página web.