La Comunidad Autónoma ha dado por muerta la concesión de Puerto Mayor de 1975. La Consejería de Fomento ha abierto el expediente en el que declara caducada la autorización concedida por la Administración franquista al fallecido Tomás Maestre, que lleva tres décadas en discusión. La resolución que el Departamento de Patricio Valverde ha remitido ya a los herederos del promotor para que puedan presentar alegaciones dará paso previsiblemente a un nuevo contencioso en los tribunales, que puede dilatar la demolición de las obras suspendidas por orden judicial desde 2005.
El futuro de la construcción que desde hace quince años ocupa la única playa sin edificar de La Manga dependerá ahora del color del Gobierno que salga de las elecciones autonómicas de este domingo. Los partidos de la oposición y las organizaciones ecologistas llevan años reclamando al Ejecutivo regional que dé por caducada la concesión y recupere el espacio público invadido por la sociedad de Tomás Maestre, que está cercado por una valla, aunque muchos bañistas y embarcaciones deportivas han seguido adentrándose en su interior, a pesar del peligro que entraña y de la basura que acumula.
El nuevo Consejo de Gobierno también tendrá que decidir si obliga a la empresa a restaurar la playa y a retirar las tablestacas clavadas en el fondo del mar y la valla que rodea el recinto, en cuyo caso podrían pasar años sin conseguir que la sociedad Puerto Mayor cumpliera la orden. La otra alternativa es acometer la demolición y la regeneración de la zona construida, cargando la factura a la empresa titular de la concesión caducada.
La construcción de la dársena de Puerto Mayor, que incluía más de 900 puntos de amarre, nunca debió autorizarse, porque carecía de la evaluación de impacto ambiental preceptiva e invadió el Dominio Público Marítimo sin ninguna autorización del Ministerio.
Sin embargo, una resolución del entonces director general de Calidad Ambiental de la Comunidad, Antonio Alvarado, -el mismo que permitió la recalificación de los terrenos de Novo Carthago o La Zerrichera-, dio pie a que la empresa empezara las obras amparándose en una concesión preconstitucional cuya vigencia estaba en duda. Además de construir el puerto deportivo, la sociedad pretendía incluso ganar terrenos al mar para levantar varios edificios junto a los pantalanes sin ningún tipo de proyecto ni autorización.
La empresa había ido solicitando una prórroga tras otra sin hacer el puerto. En 2004, tras la autorización de Alvarado, cerró la caleta de El Estacio y empezó a plantar tablestacas en el fondo del mar, hasta que el Ministerio de Medio Ambiente consiguió que los tribunales pararan la obra en 2005. Durante estos catorce años los pilotes metálicos se están oxidando al sol, a pesar de que el TSJ ordenó en 2010 a la Consejería que anulara de oficio todas las resoluciones dictadas desde 1988, año en que se inició la disputa legal sobre la caducidad de la concesión obtenida por Tomás Maestre en la etapa final del franquismo, cuando todavía no existía una legislación que obligara evaluar el impacto ambiental de cualquier construcción.
El Gobierno regional ha tardado nueve años en dar cumplimiento a la sentencia, ya que el PP no ha renunciado nunca a la construcción de un puerto más pequeño en la caleta de El Estacio.
