18 de mayo de 2019
18.05.2019
Agricultura

Inspectores de la AICA controlan los contratos de fruta de hueso

La Agencia del Ministerio de Agricultura se ha hecho eco de la denuncia de UPA de que había operaciones comerciales sin acuerdo escrito

17.05.2019 | 19:50
La campaña de fruta de hueso está en pleno apogeo.

"Así se protege al eslabón más débil de la cadena"

Inspectores de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) del Ministerio de Agricultura han comenzado a controlar las operaciones de compra-venta de fruta de hueso en la Región, tras la denuncia realizada hace unos días por la Unión de Pequeños Agricultores, UPA, en la que se quejaban de que se estaban realizando compras sin contrato y 'a resultas' (sin un precio pactado previamente). Una práctica que incumpliría la Ley de la Cadena Alimentaria.

«Es una buena noticia y nos felicitamos por ello», ha indicado el secretario de Agricultura de UPA, Antonio Moreno.

La organización agraria recuerda que la actuación de la AICA permite inspeccionar las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena alimentaria y, en particular, la existencia o no de contratos y su contenido.

«Es una labor que protege a los agricultores, como el eslabón más débil de la cadena alimentaria, de prácticas comerciales no permitidas por la Ley o de prácticas inadecuadas», añade Moreno.

Desde UPA recuerdan que llevan mostrando su preocupación por «la resistencia» que muestran todavía muchos operadores comerciales a someter las compras de fruta a los agricultores a los requisitos y exigencias mínimas establecidas por la Ley 12/2013, que recoge medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena agroalimentaria.

«Estas prácticas dan lugar, en muchas ocasiones, a situaciones de abuso respecto a las condiciones de entrega de la fruta, el precio pactado por ella y las condiciones y plazos de pago, entre otras cuestiones», subraya el secretario de Agricultura.

UPA insiste en los efectos negativos que tiene para los ingresos de los agricultores el incumplimiento de la Ley, porque al comprador que no se obliga a pagar un precio previamente establecido en un contrato, con plazos de pago, «le preocupa más su propio margen comercial que mantener en el mercado precios que sean suficientemente remuneradores para los agricultores».

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