Hace casi cinco meses todo eran promesas y buenos augurios para la nueva sociedad de responsabilidad limitada 'Trabajadoras de la Diosa, S.L.', heredera de la quebrada Conservas Fernández de Calasparra, que adquirió un grupo de trabajadores en una subasta. Al menos así lo manifestaban las personas que encabezaron el proyecto de recuperación, Antonio Huertas (secretario general del PSOE de Librilla) y Javier Jiménez (de la ejecutiva socialista de Calasparra).

Sin embargo, el proyecto se vio enturbiado desde su mismo inicio, con una compra bajo sospecha, al usar para ello una empresa intermediaria, una firma valenciana vinculada a tramas de corrupción como Acuamed o el caso Nóos.

Antonio Huertas, como administrador único de la nueva sociedad -hoy candidato a la alcaldía de Librilla-, y Javier Jiménez, fueron los encargados de vender las bondades de una serie de proyectos futuros a las extrabajadoras y extrabajadores el pasado diciembre, en una reunión en la que también les dieron detalles del proceso de compra, de los activos de la empresa y de las deudas pendientes.

Además de la empresa en sí (maquinaria y almacén), la sociedad también es propietaria de unos terrenos de la extinta Conservas Fernández en el municipio de Calasparra.

La intención, siempre según su relato, era elaborar un proyecto para poder acceder a ayudas del Instituto de Fomento (Info) por valor de 700.000 euros. Ese dinero les permitiría limpiar la empresa, reparar y ajustar la maquinaria y ponerla a punto para poder empezar a trabajar (en principio sería en las campañas de la alcachofa para lo que se podría llamar a unas 100 personas). Y también para inversiones futuras.

A fecha de hoy, tal proyecto sigue sin existir, o, al menos, desde el Info no se tiene constancia.

Para añadir más sombras a todo el proceso, se da la circunstancia de que entre los seis primeros socios que participaron en la constitución de la nueva empresa, tres de ellos figuran en la candidatura socialista de Calasparra, mientras que una cuarta es hija de uno de ellos.

Entre los argumentos esgrimidos por Huertas y Jiménez para convencer a los extrabajadores de participar en la recuperación (renunciando a la indemnización a cambio de participaciones en la empresa que está por reflotar) recordaban que otra empresa del sector había recibido 800.000 euros para una nueva línea de producción en la que solo se iban a contratar a 3 trabajadores. Dicha empresa, sin embargo, sí puso en marcha una nueva línea, con su correspondiente proyecto en el Info, para recuperar sobrantes alimenticios. Huertas sí insistió a los posibles participantes que su respuesta debía ser rápida, no más tarde del 31 de enero de 2019.

En este marco, aparece también el actual alcalde de Calasparra, José Vélez, quien personalmente se encargó de buscar y conseguir a un avalista. Gracias a los 132.000 euros prestados pudieron comprar la vieja empresa.