El hasta ahora jefe del Servicio Jurídico-Administrativo de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Luis Pérez Almansa, se mostró ayer sorprendido por la decisión de la Consejería de apartarlo de su cargo sin haberlo escuchado e incluso avanzó que no descarta emprender acciones legales contra el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras. Pérez Almansa estaba especialmente dolido con las afirmaciones del presidente, por decir que «todo el peso de la ley» debía recaer sobre el funcionario cesado. «Ignoran lo que es la presunción de inocencia. No se puede condenar a la gente sin sentencia. Que te cesen sin oírte es de la Edad Media», respondió.

Pérez Almansa se lamenta de que ha sido utilizado como «un chivo expiatorio en campaña electoral» por la Comunidad.

El destituido considera que la investigación de la Fiscalía que ayer dio lugar a los registros de su domicilio y de las dependencias de la Dirección de Ordenación del Territorio realizados por la Guardia Civil está motivada por la denuncia de compañeros de la Dirección de Transportes y Puertos. A su juicio, las acusaciones vertidas contra él obedecen a «una vendetta. No vienen por cuestiones urbanísticas».

Considera que la Consejería de Fomento «debería haber investigado lo que ha pasado» antes de tomar la decisión de apartarlo de su cargo sin tener en cuenta la presunción de inocencia.

Por otra parte, el abogado Diego de Ramón, que representa al funcionario investigado por indicios de cohecho, avanzó ayer que va a pedir una auditoría de todos los permisos y las licencias concedidas por la dirección general de Transportes y Puertos. De Ramón recordó que en esta Dirección General se descubrió en 2016 un fraude en la expedición de permisos de transporte que dio lugar a varias detenciones. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía también realizó entonces un registro en la sede de este Departamento en la Plaza Santoña.