La licitación del nuevo contrato de la televisión autonómica que entrará en vigor el próximo año será una de las patatas calientes que se encontrará sobre la mesa el nuevo Gobierno que se constituirá tras las elecciones autonómicas del próximo día 26. La Consejería de Hacienda ha puesto en marcha el proceso de contratación este sábado con la publicación de un anuncio en el Boletín Oficial de la Región (BORM) en el que informa de que el presupuesto estimado para un periodo de cinco años rondará los 64 millones de euros sin IVA. La Dirección General de Informática ha abierto un plazo de un mes para presentar alegaciones al cálculo realizado de acuerdo con un informe de la consultora PwC, que se recogerá en el pliego de condiciones.

Será el tercer contrato que saca a licitación la Comunidad para gestionar el canal autonómico, que emite con la marca 7 TV. Inicialmente contrató la gestión directa con GTM, pero en 2012 rescindió el contrato para adjudicar uno nuevo de gestión indirecta que no superara los 12 millones anuales (adjudicado a Secuoya en 2014), que a partir de 2020 se elevarán a 12,8 millones sin IVA. Con el impuesto, el coste sube a 15,5 millones, según Hacienda.

El estudio de viabilidad prevé un aumento del 12% en los salarios de la plantilla y del 25% en las tarifas de las productoras, lo que incrementaría la factura de la compra de contenidos en 972.000 euros. La incorporación de subtítulos y el lenguaje de signos en las emisiones añade un coste adicional de 400.000 euros.

El BORM da un plazo de un mes para alegar al 'Estudio de viabilidad económico-financiera del concurso de gestión indirecta del servicio público de comunicación audiovisual», aunque hasta este lunes por la tarde no fue posible acceder a los documentos en los que se fundamenta el cálculo de los 64 millones.

El proceso arranca en plena campaña electoral y sin que esté aprobado el Contrato Programa en el que deben establecerse los objetivos impuestos por la Comunidad a la adjudicataria y las pautas en las que debe sustentarse la programación de 7 TV a partir de 2020. El Ejecutivo de López Miras deja así las manos atadas al nuevo Gobierno, al que obligaría a seguir reproduciendo hasta 2025 las pautas de 2014.

De momento, ni las estimaciones presupuestarias del nuevo contrato ni las condiciones que establecerán los pliegos de condiciones han sido consultadas con el director general del ente público Radio Televisión de la Región de Murcia (RTRM), Juan Miguel Aguado, quien alertó de que el Contrato Programa por el que se rigió la adjudicación a Secuoya expiró en 2016. Aguado explicó que las conversaciones entre RTRM (adscrito a Presidencia) y la Consejería de Hacienda quedaron suspendidas hace más de un año, cuando fue relevado su anterior titular, Andrés Carrillo. Añadió que también será necesario regular el acceso de la nueva concesionaria al archivo audiovisual de la Comunidad. El anterior Contrato también establecía, por ejemplo, la regulación de las horas de informativos y retransmisiones de festejos populares y acontecimientos culturales, al tiempo que exigía una cuota de audiencia.

En caso de relevo en San Esteban, el nuevo Gobierno se encontrará con unos plazos muy ajustados en el proceso de licitación y solo le quedaría la opción de suspenderlo para elaborar un nuevo pliego de condiciones. Pero para parar el nuevo concurso tendría que dar una nueva prórroga al contrato de Secuoya.

Por su parte, Juan Miguel Aguado considera que la televisión autonómica de «la próxima década» no puede seguir reproduciendo los esquemas válidos «en la década de los años 90» del siglo pasado, sino que debe avanzar hacia la televisión digital e incorporar incluso un canal de contenidos a la carta que ofrezca producciones «al estilo de Netflix, tal y como tiene la televisión ya del País Vasco».