08 de mayo de 2019
08.05.2019
Justicia

La acusación popular alerta de que imputados en la desaladora están enajenando sus bienes

Pide al juzgado del caso La Sal que "investigue las transferencias de patrimonio inmobiliario y depósitos bancarios" para que no puedan eludir responsabilidades en caso de una posible condena

07.05.2019 | 21:01
Instalaciones de la desaladora de Escombreras en Cartagena.

La acusación popular en el caso de la desaladora de Escombreras ha pedido al Juzgado de Instrucción número 5 que investigue la posible enajenación del patrimonio de los imputados en la causa para evitar que puedan «eludir las consecuencias económicas de una eventual condena». La acusación popular, que está integrada por los letrados Diego de Ramón, José Luis Mazón (Contrapoder) y Ginés Ruiz (Anse), ya había pedido a la titular del Juzgado, María del Mar Azuar, que embargara las propiedades de los investigados para hacer frente a una indemnización de unos 800 millones, a razón de 25 millones de cada uno, con el fin de cubrir el perjuicio económico causado por los contratos firmados por la Comunidad con la propietaria de la planta. Ahora alertan de que se han producido «movimientos de externalización entre los investigados para evitar el efecto de una condena monetaria» y piden nuevas medidas cautelares.

En el llamado caso La Sal están siendo investigados ex altos cargos de la Comunidad, directivos de las empresas de ACS y socios murcianos de la compañía promotora. Entre los imputados se encuentra el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá e integrantes del consejo de administración del Ente Público del Agua. La acusación popular considera necesaria la fianza de 800 millones para cubrir las eventuales pérdidas causadas por la desaladora de Escombreras a la Comunidad, de acuerdo con las cláusulas penalizadoras recogidas en el contrato firmado en 2006 con las compañías de ACS promotoras de la planta, que obliga a la Comunidad a aportar 18,5 millones anuales. La acusación popular pide que el Juzgado solicite a la UDEF una investigación sobre «las transferencias de bienes inmuebles registrados y depósitos bancarios efectuadas por los investigados desde su imputación a fin de extender los embargos como medida cautelar a los bienes transferidas a terceros».

Por su parte, la Fiscalía ha vuelto a solicitar que se nombre un inteventor judicial «atendiendo a la naturaleza de los delitos investigados y los perjuicios y responsabilidades pecuniarias causadas».

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