05 de mayo de 2019
05.05.2019
La Opinión de Murcia
Infraestructuras

Puerto Mayor iba a ser de lujo, pero se ha quedado en basurero

Los desperdicios y los restos de las estacas retiradas por la concesionaria se amontonan en la playa invadida por la obra

05.05.2019 | 04:00
Estado del interior del recinto vallado de Puerto Mayor que es utilizado por los bañistas en los meses de verano

Dos años después de que el Consejo Jurídico declarara la nulidad de las obras de Puerto Mayor y apremiara al Gobierno regional para que resolviera definitivamente sobre la concesión del año 1975, la playa invadida por la empresa que intentó construir la dársena deportiva junto al puente de El Estacio está convertida en un vertedero de basura ilegal. Los desperdicios y los restos de las tablestacas retiradas por la concesionaria representan una amenaza para los visitantes que se internan en el recinto. El riesgo se acrecienta a medida que se acerca el verano, porque la caleta sigue siendo utilizada por los bañistas, a pesar de su estado calamitoso.

La valla que rodea Puerto Mayor facilita que la playa sea utilizada por muchas personas que buscan intimidad y aguas tranquilas durante los meses de verano, a pesar de que el deterioro de los pilotes clavados en el fondo marino que llevan más de quince años oxidándose al sol representan una grave amenaza.

La Consejería de Fomento asegura que va a requerir a la empresa para que limpie las instalaciones y que abrirá un nuevo expediente sancionador, como respuesta a las críticas que circulan en las redes sociales. Fuentes del Departamento de Patricio Valverde han adelantado que está ultimando el expediente de caducidad para «notificárselo de manera inmediata a la empresa», con el fin de que pueda presentar alegaciones.

El largo proceso legal que se inició en 1988, cuando la Dirección General de Puertos autorizó la ampliación del proyecto para permitir la construcción de una dársena con 900 puntos de amarre sigue bloqueado, a pesar de que han pasado nueve años desde que la Justicia ordenó a la Comunidad Autónoma que volviera a la casilla de salida y anulara las autorizaciones emitidas con posterioridad, que hicieron posible el inicio de las obras.

La Comunidad ya ha anulado aquella orden de 1988 y otra de 2003 que dio pie a la reactivación del proyecto, pero lleva años enredada en el proceso sin acabar de dar por nula la concesión de 1975, que había sido concedida por el Gobierno franquista y que, en lugar de ejecutarse, fue aplazándose con prórrogas sucesivas hasta 2004.

La empresa empezó entonces a colocar las tablestacas que debían sostener la futura construcción con el propósito de ganar terrenos al mar en los que pensaba edificar, pero las obras quedaron suspendidas un año después por orden judicial. La Consejería de Fomento ha remitido varias resoluciones al Consejo Jurídico para dar cumplimiento a la sentencia judicial que le obliga a volver a la casilla de salida, pero las dilaciones de la Administración regional y los recursos que han seguido planteando los herederos de Tomás Maestre, el promotor del proyecto fallecido en 2013, siguen lastrando el desenlace.

Lejos de asumir que la concesión obtenida por la empresa en 1975 tiene pocas posibilidades de viabilidad, ante los requisitos que la legislación actual y el cordón de protección de Isla Grosa impone a la zona costera de La Manga en la que se empezó a construir el puerto, la sociedad ha tratado incluso de sanear los pilotes metálicos clavados en el mar para facilitar su conservación.

Ante las denuncias de Anse por estos trabajos realizados sin autorización, la Consejería de Fomento ha impuesto varias sanciones a los promotores, pero sigue sin pronunciarse sobre la anulación definitiva de la licencia de 1975 y el futuro de la playa y de los terrenos ocupados por Puerto Mayor.

La Asamblea Regional aprobó hace varios años una resolución instando al Gobierno a que declare la nulidad de la concesión y ordene la liberación de la playa y de los terrenos invadidos, que ocupan varias hectáreas junto al puente de El Estacio.

Sin embargo, el Gobierno regional tampoco ha renunciado a construir una dársena de menores proporciones. El Ejecutivo ha mostrado hace años su intención de restaurar la zona por medio de un proyecto que compatibilice el respeto al medio ambiente con el aprovechamiento turístico y la generación de empleo. La Comunidad se enfrenta además al dilema de tener que ordenar a la empresa concesionaria el desmantelamiento de las obras realizadas o asumir el coste de los trabajos. En cualquier caso, el final de la legislatura hace inevitable que sea el nuevo Gobierno que salga elegido el 26 de mayo el que afronte la solución definitiva.

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