26 de abril de 2019
26.04.2019
La Opinión de Murcia
Judicial

La Asamblea Regional se persona en el recurso contra la Ley de Aceleración

La Diputación Permanente acuerda no presentar alegaciones ante el Constitucional

25.04.2019 | 21:53
La Asamblea Regional se persona en el recurso contra la Ley de Aceleración

Decide que sea Podemos quien las formule.

La Asamblea Regional se personará en el recurso contra la Ley de Aceleración Empresarial presentado por Podemos que ha sido admitido a trámite el Tribunal Constitucional, aunque no presentará alegaciones ante las decisiones que éste pueda adoptar. La Diputación Permanente del Parlamento autonómico, que se reunió este jueves para decidir qué hacer tras la admisión a trámite del recurso, ha optado por esta fórmula para poder seguir el proceso y estar al tanto de las actuaciones del Alto Tribunal, según informó la presidenta de la Cámara, Rosa Peñalver.

El Constitucional acordó el pasado 13 de marzo admitir el recurso contra la Ley de Aceleración Empresarial interpuesto por Podemos. La presidenta de la Asamblea Regional explicó que, al tratarse de un recurso interpuesto por un solo grupo, la Diputación Permanente, el órgano que asume las funciones legislativas tras la disolución de la Cámara, ha considerado que no procede presentar alegaciones ante el Constitucional.

No obstante, Rosa Peñalver ha recordado que los Servicios Jurídicos del Parlamento regional ya hicieron constar las incorrecciones que habían detectado en el texto aprobado con los votos del PP y de Ciudadanos.

Añadió que, a excepción de los argumentos en contra de los Servicios Jurídicos, la Asamblea no va a hacer más aportaciones. «Tampoco alegará el PSOE, dado que, será el Estado el que se pronunciará» en contra del texto legal, si considera que contiene preceptos inconstitucionales.

La ley consensuada por el PP con Ciudadanos y con la patronal Croem establece fórmulas para acortar plazos y agilizar los trámites para la apertura y regularización de explotaciones ya existentes, al tiempo que permite ampliar el aprovechamiento urbanístico de las parcelas destinadas a la instalación de nuevos hoteles o a la reforma de los edificados.

En la obtención de la denominada 'autorización ambiental integrada' y de las 'autorizaciones ambientales sectoriales' reduce los plazos de diez a nueve meses y de seis a tres, respectivamente.

Los grupos parlamentarios del PSOE y Podemos consideraron que las modificaciones introducidas «atentan contra los principios constitucionales de seguridad jurídica, igualdad, medio ambiente y autonomía local, por lo que calificaron el texto aprobado de «chapuza» y «barbaridad inconstitucional».

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