23 de abril de 2019
23.04.2019
Tribunales

La acusación popular pide 8 años de cárcel para Guerra y Peñalver en el caso Casino

Las penas de prisión exigidas para los ocho investigados en esta trama suman setenta años

23.04.2019 | 04:00
La acusación popular pide 8 años de cárcel para Guerra y Peñalver en el caso Casino

La acusación popular del llamado Caso Casino, una pieza de corrupción urbanística separada del Caso Umbra que investiga el Juzgado de Instrucción Número 8 de Murcia, pide para los ochos imputados –ahora investigados– penas de cárcel que suman setenta años.

La acusación popular, que ejerce la Asociación Gulliver y el abogado Diego de Ramón, comparte las acusaciones del Ayuntamiento de Murcia, pero discrepa de las penas que el Consistorio reclama y añade el delito de asociación ilícita como una actuación delictiva criminal. «Se aprecian hechos constitutivos de circunstancias agravantes de responsabilidad criminal», recoge el texto de acusación y calificación provisional al que ha tenido acceso este diario.

Esta acusación solicita para el exdirector de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, cuatro años de prisión y suspensión del empleo o cargo público por nueve años por un presunto delito continuado de cohecho «por los beneficios en todas las operaciones conseguidas en Ulea». También piden la pena de multa del duplo de lo recibido.

Además, el letrado Diego de Ramón solicita por las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionario una multa de veinticuatro meses e inhabilitación para el ejercicios de empleo público y sufragio durante siete años. Por presunta prevaricación, inhabilitación especial para el ejercicio de empleo o cargo público y sufragio durante diez años. Y por el supuesto delito de asociación ilícita, cuatro años de cárcel, una multa de 24 meses e inhabilitación de empleo publico y sufragio por diez años.

Para el que fue jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo, Joaquín Peñalver, la acusación popular pide por el presunto delito de cohecho cuatro años de prisión, una multa al duplo de lo obtenido por los mandatos hechos y «beneficios obtenidos a la empresa de su familia y de su esposa»; y también solicita la suspensión de empleo o cargo público, y sufragio por tiempo de nueve años.

También reclama por supuesta asociación ilícita cuatro años de cárcel, multa de 24 meses e inhabilitación pública y sufragio de diez años. Según recoge el texto, está acusado de ser «participe o colaborador necesario, como funcionario y cómplice en los informes realizados que favorecían a las empresas creadas con su mujer, obteniendo grandes beneficios económicos, junto con otros funcionarios y socios».

Para Isabel Fernández, exjefa de la Oficina de Gobierno Local y esposa de Alberto Guerra, exigen, por presunto cohecho, cuatro años de prisión, pena de multa al duplo de lo obtenido por los beneficios, y suspensión de empleo o cargo publico, y sufragio por tiempo de diez años.
Para el resto de investigados, la acusación popular solicita para el abogado Higinio Pérez dos años de cárcel por presunto cohecho, un año por tráfico de influencias «derivado de la relación de amistad y confianza con el acusado también Alberto Guerra», dos años por un delito de malversación y otros dos por asociación ilícita.

Para José Sánchez, reclaman seis años de cárcel por malversación «por consentir, como presidente de la entidad Urbanística Casino, el pago de Renato de Noce y con cargo a los fondos públicos, destinados a la rehabilitación del Casino». Y cuatro años por asociación criminal y delictiva de asociación ilícita.

Para Renato de Noce, solicitan tres años de cárcel por un presunto delito de estafa en concordancia con un delito de falsedad documental «al contribuir al abusivo presupuesto que se presentó al Ayuntamiento de Murcia», y otros cuatro años por asociación ilícita.

Para Juan Sabater y Alfonso Ramírez, la acusación popular reclama 13 años para cada uno (tres por estafa, cuatro por asociación ilícita y seis por malversación).

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