«Queremos dejar claro nuestro respeto a las resoluciones de los órganos judiciales, si bien no es menos cierto que algo falla en nuestro sistema». Así se expresa Javier Monje, secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en la Región de Murcia.

Hace apenas unos días, numerosos agentes de la Policía Nacional se dejaban la piel y se jugaban la integridad en una redada, en la barriada murciana de La Fama, que se saldaba con una treintena de personas detenidas. La mitad de ellas salía libre en unas horas, tras demostrarse que únicamente estaba en el barrio para consumir droga, no para hacer negocio con ella. La otra mitad acababa en el Juzgado de Guardia. Y solo uno de los sospechosos pisaba la cárcel, pero no por este asunto de la redada: porque le buscaban por otro delito anterior.

Esta misma semana, la Policía Nacional daba a conocer que había detenido en Murcia a tres sujetos (de 81, 70 y 61 años respectivamente) por abusar de menores de edad a las que atraían hasta sus casas diciéndoles que les darían dinero por limpiar y cuidarles, aunque acababan, tienen claro los investigadores, tratando de violarlas. Los tres sospechosos están ya en libertad con cargos.

«Algo falla en nuestro sistema judicial y ordenamiento jurídico cuando, en muchas investigaciones por delitos castigados en nuestro Código Penal con penas de prisión, sus autores no llegan jamás a entrar en el centro penitenciario», espeta Monje.

Pone como ejemplo «las agresiones o atentado a los agentes de la autoridad, las cuales se suelen saldar con ridículas multas dinerarias, creando entre los policías una sensación de impunidad a los violentos». Precisamente la Audiencia Provincial condenaba recientemente a un sujeto a pasar tres meses en la cárcel por escupir a un policía e intentar quitarle el arma reglamentaria. La sentencia tenía en cuenta el atenuante de «dilaciones indebidas»: el delito aconteció en verano del año 2013 y el individuo se ha sentado en el banquillo ahora.

«Como ya hemos apuntado en distintas ocasiones, debemos proteger a quienes nos protegen, en todos los ámbitos, y nos preocupa lo barato que sale agredir a un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», deja claro Javier Monje, que insiste en que «se debería de dotar a los jueces de herramientas para una mejor y mayor aplicación de las penas que recoge nuestro Código Penal». «Quizás medidas que no fueran tan populares pero sí más efectivas contra quienes atentan contra las personas, patrimonio o el orden socioeconómico», propone el secretario del SUP.