15 de abril de 2019
15.04.2019

Monje: "Se les deja en libertad con cargos y se fugan fuera de España"

El juez decreta la prisión provisional si el delito tiene entidad, si hay riesgo de fuga y si se lo solicita la Fiscalía

15.04.2019 | 04:00

Pasa más en unos delitos que en otros. Por ejemplo, las personas que perpetran robos y hurtos, en ocasiones con violencia, suelen ser las mismas, explican fuentes policiales. Algunos son viejos conocidos del Cuerpo. Y se da la circunstancia de que les han detenido, el Juzgado les ha soltado y, en apenas horas, la Policía los ha vuelto a detener. Un círculo vicioso que, cuando implica que los agentes pongan en riesgo su integridad, empieza a molestar.

«No podemos entrar en las decisiones de los jueces y más cuando es una libertad que puede terminar en prisión cuando sean juzgados», tiene claro el secretario general del SUP en la Región, Javier Monje. Lo que ocurre, puntualiza, es que «tenemos un sistema garantista en el cual hemos observado, en más de una ocasión, cómo se pone a una persona en libertad con cargos y se fuga incluso fuera de nuestro país, no presentándose nunca a los requerimientos judiciales, permaneciendo en busca y captura hasta la prescripción de sus delitos».
«Esto nos debe de llevar a pensar que algo no estamos haciendo bien», sostiene al respecto.

En el caso de un hurto (cuando el valor de lo sustraído es menor de 400 euros se considera así, por ley) es raro que alguien vaya a prisión provisional. La prisión preventiva es una medida cautelar que puede prolongarse, como máximo, cuatro años. Se decreta cuando no hay otro método eficaz para evitar, por ejemplo, la fuga del sospechoso. O que el sujeto pueda destruir pruebas o que haya riesgo de que vuelva a cometer un delito.

Hay que tener en cuenta que el juez decreta prisión provisional si se lo solicita alguna parte acusadora, ya sea el Ministerio Público o la acusación particular.

Además, el delito del que se acuse al imputado no puede ser cualquier cosa: tendrá que estar castigado por el Código Penal con una pena privativa de libertad igual o superior a dos años.

Por su parte, José Polo, secretario provincial del Sindicato de Policías y Bomberos (SPPLB), es consciente de que «la sensación de la población es que la Policía los detiene (a los delincuentes) y salen por otra puerta, sensación que, por otra parte, no es nueva».

«Tampoco creemos que se deba alarmar a la población», considera Polo, al tiempo que apostilla que «la ley es muy garantista y a veces errores de forma son suficientes para invalidar cualquier prueba o atestado».

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