UGT apuesta por la jornada laboral de 32 horas semanales con cuatro días de trabajo y uno dedicado a la formación. La propuesta que ayer defendió en Murcia el secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, será una de las reivindicaciones a debatir en el 43 Congreso Confederal de UGT, previsto para noviembre del próximo año. Álvarez también pidió mano dura a la Inspección de Trabajo contra las empresas que se resistan a aplicar el salario mínimo de 900 euros mensuales vigente desde el pasado 1 de enero y a las que sigan haciendo contratos a tiempo parcial a trabajadores que realizan una jornada de ocho horas.

Pepe Álvarez mantuvo ayer una intensa jornada de trabajo en la Región, que inició con una asamblea de trabajadores en la sede del sindicato. Después firmó un convenio con la Universidad de Murcia que abre vías de colaboración entre ambas instituciones y por la tarde se reunió con los afiliados en la Casa del Pueblo del Llano del Beal, dentro de los actos conmemorativos de los 130 años de historia de UGT.

En rueda de prensa Álvarez afirmó que «si hace cien años fue posible implantar las ocho horas diarias», ahora se podrá trabajar cuatro días y dedicar el quinto a la formación. El secretario general de UGT vincula la reducción de la jornada laboral con la rebaja del paro juvenil y advirtió de que no será posible si, por el contrario, se siguen adoptando medidas como el aplazamiento de la jubilación, mientras que los jóvenes están sin trabajo. «Tenemos un 40% de jóvenes en el desempleo», indicó, al tiempo que recordaba que «el problema de España es el de la natalidad», lo que se traducirá en el futuro en dificultades para costear las pensiones, «porque no nacen niños».

Elogió el acuerdo alcanzado en Murcia entre la patronal y los sindicatos para llevar a los convenios colectivos el salario de 14.000 euros anuales en 2020 para los trabajadores fijos y dejó claro que, en caso de incumplimiento, la subida pueda acabar con «un decreto publicado en el BOE», al igual que ha ocurrido con el salario mínimo de 900 euros.

En este sentido, pidió mano dura a la Inspección de Trabajo contra las empresas que recurren a argucias para compensar la subida, como el aumento de la jornada de trabajo anual que se ha intentado recoger en el convenio de cosecheros de tomate. «Si en el año 2020, las empresas tienen que poner no 900 sino 1.000 euros, y ahora esas empresas están escatimando los 900, eso quiere decir que nos están tomando el pelo y que no quieren aplicarlo», afirmó. Añadió que «la flexibilidad no puede ser que si tenemos un contrato de cuatro horas, trabajemos ocho».

Por su parte, el secretario general del sindicato en la Región, Antonio Jiménez, advirtió del impacto que la digitalización va a tener sobre el empleo, dado que puede suponer la desparición del 22% de los puestos de trabajo en España, mientras que «la uberización de la economía» obliga a replantear la concepción de los servicios.