La investigación sigue abierta. Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno, Francisco Jiménez, que ha confirmado en declaraciones a la Cadena Ser este jueves que hay 43 personas investigadas, 38 desalobradoras ilegales precintadas y 35 pozos de agua sin permiso clausurados. Este es el balance de la macrooperación contra los vertidos ilegales al Mar Menor que desde el pasado lunes está en marcha en la comarca del Campo de Cartagena, ordenada por el titular del Juzgado número 2 de Murcia, Ángel Garrote, y que se dio por concluida ayer.
La investigación, que han llevado a cabo agentes de la Guardia Civil e inspectores de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) en explotaciones agrícolas de la zona, se enmarca en la causa que tiene abierta el juez tras admitir a trámite la denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente de Murcia sobre la degradación del Mar Menor. Entre otros, el entonces fiscal de esta materia, José Luis Díaz Manzanera (hoy fiscal jefe), apuntó a un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Entre los investigados figuran, además de los agricultores, exdirectivos de la CHS y de la Consejería de Agricultura de Murcia.
El nuevo delegado del Gobierno, Francisco Jiménez, proporcionó ayer datos sobre la operación en marcha, y señaló que ayer miércoles quedaban pendientes de realizar otras diez inspecciones en fincas agrícolas de la comarca de Campo de Cartagena, pero que ya se había realizado el grueso de la operación.
Durante el martes y ayer miércoles han ido pasando por la Comandancia de la Guardia Civil en Murcia los agricultores investigados en la operación desplegada para «controlar los vertidos que van a las ramblas y terminan en el Mar Menor», según Jiménez.
«No se puede permitir» este tipo de actividad «porque hay que proteger y mantener esta joya de la Región»,apuntó el delegado, refiriéndose a la laguna salada.
El delegado del Gobierno felicitó por su trabajo a los agentes que han participado en la macrooperación, alrededor de medio centenar, y pidió «dejar trabajar a la Justicia».
Muchos de los agricultores se han acogido a su derecho a no declarar ante los agentes. A partir de ahora, cuando el juez reciba el informe de la Guardia Civil, seguirá con las declaraciones.
Los agentes descubrieron también durante las inspecciones del primer día remolques que podrían utilizarse para el traslado de plantas desalobradoras 'portátiles'.
Razones ocultas
Representantes de Coag en el Campo de Cartagena han denunciado que esta operación es «una caza de brujas» y un intento de «acoso al sector agrícola», a la vez que han negado que las plantas precintadas estuvieran en funcionamiento. Sólo han reconocido un caso, el del presidente de Coag en Torre Pacheco,Juan Luis Sánchez, quien tenía en marcha una desalobradora sin autorización en su invernadero de pimientos.
«No sé lo que pretende la Administración o quien instruye el caso.¿La desaparición de la agricultura? Pues que lo digan directamente», apuntó en declaraciones a LA OPINIÓN el portavoz de Coag en la comarca, Vicente Carrión.
Otros agricultores consultados por este diario temen que detrás de operaciones como ésta no solo haya objetivos medioambientales sino un interés por controlar el agua del acuífero del Mar Menor, que ahora pueden utilizar libremente los agricultores si tienen autorización. Es un agua «que no tiene dueño, aún».
El Pacto las aplaude
En cambio, al igual que asociaciones como Ecologistas en Acción, la plataforma ciudadana Pacto por el Mar Menor ha aplaudido la iniciativa del juzgado de instrucción y las recientes intervenciones de los agentes de la Guardia Civil.
«Desgraciadamente, lo que debía haber sido una actuación de las administraciones competentes en el transcurso de una auditoría de los regadíos en el entorno del Mar Menor, se ve envuelta en actuaciones judiciales de orden penal que intentan identificar la comisión de delitos contra el medio ambiente», afirmaban ayer en un comunicado.
«Evidentemente, estas actuaciones no son suficientes para paliar las continuas agresiones a la laguna, sobre todo si tenemos en cuenta que en el Campo de Cartagena se estima la existencia de unas dos mil desalobradoras ilegales extrayendo agua del subsuelo», añadieron.
Pacto por el Mar Menor inquirió al Gobierno Regional «cuándo será una realidad la implementación de la Ley de Medidas Urgentes» de aplicación en la laguna salada, y se preguntó «dónde va a parar el rechazo de esos cientos de desaladoras restantes por descubrir que vierten aguas cargadas de nitratos».
