La relación del suegro del consejero que está al frente de los Servicios Jurídicos de la Comunidad con las empresas de ACS propietarias de la desaladora de Escombreras no se limitó a la redacción del proyecto de la planta. Fue socio fundador y accionista de la empresa promotora hasta que en 2010 vendió su participación por 1.040.000 euros a una sociedad del grupo presidido por Florentino Pérez. A esta cantidad se suman también los honorarios que cobró por la redacción del proyecto de la desaladora el ingeniero Juan Jódar, que es uno de los casi treinta imputados en la investigación judicial sobre los contratos firmados por el desaparecido Ente Público del Agua con los promotores, entre los que figuran también varios socios murcianos.
Cuando la acusación particular pidió al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que apartara al consejero de la dirección de los Servicios Jurídicos que defienden los intereses de la Administración regional en la causa, tal y como informó La Opinión, el Ejecutivo respondió que el suegro del consejero había hecho el proyecto técnico y había dejado de tener relación con la planta en 2009.
La firma de acuerdos con los socios de la desaladora a principios de 2006 compromete a la Comunidad a pagar una cantidad anual que en este momento asciende a 18,5 millones para costear el funcionamiento de la desaladora a la empresa propietaria, Hydro Management de la que forma parte ACS y varios socios murcianos.
El contrato de arrendamiento que tiene la Comunidad establece una cláusula que obligaría a la Administración a adelantar los pagos correspondientes a los 25 años de vigencia pactados, además de las compensaciones por lucro cesante y otras penalizaciones, lo que elevarían el coste de la ruptura con los propietarios a más de 600 millones.
De hecho, Hydro Management llegó a reclamar esta cantidad en los tribunales al Ejecutivo regional en 2013, cuando la falta de ingresos provocó un retraso en los pagos, aunque el proceso quedó suspendido por un acuerdo entre las partes cuando el dinero procedente del FLA permitió saldar la deuda acumulada hasta entonces.
Pese a la relación mantenida por el suegro del consejero que está al frente de los Servicios Jurídicos de la Comunidad con los promotores de la planta que impusieron unas cláusulas consideradas «leoninas» por distintos juristas, el presidente del Ejecutivo regional se niega a quitarle estas competencias a Pedro Rivera.
Ahora, lo letrados de la acusación popular José Luis Mazón y Diego de Ramón han pedido al Juzgado de Instrucción Número Cinco que investigue la venta de acciones de la empresa familiar administrada por el suegro del consejero a la sociedad del grupo ACS Cobra Concesiones. Solicitan a la magistrada que requiera «a la mercantil Cobra para que aporte la información que posea sobre el pago a la mercantil familiar de Juan Jódar (Grupo Oleo) y los honorarios abonados al señor Jódar por dicha firma».
Esta operación aparece recogida en un apunte de las cuentas de Hydro Management correspondientes al año 2010, en las que queda constancia de la venta de las 99 acciones propiedad de la empresa familiar de Juan Jódar a Cobra Concesiones. El momento es significativo porque en 2010 la Comunidad había asumido la totalidad de las acciones de la sociedad pública Desaladora de Escombreras, que es la titular del contrato en el que se recogen las obligaciones con la propietaria de la planta.
El importe abonado por esta sociedad del grupo ACS ascendió a 1.040.000 euros y corresponde a la participación de Juan Jódar en el accionariado de Hydro Management. Tras la compra, Cobra pasó a convertirse en el socio mayoritario con el 79,63% de las acciones. En el Grupo Oleo aparece Juan Jódar como administrador, aunque también han estado al frente de la empresa su esposa y su hijo Manuel Jódar.
El Gobierno regional había dicho que el suegro del consejero se había desvinculado de la desaladora en 2009, un año antes de que la Comunidad asumiera la sociedad que heredó las condiciones impuestas por los promotores de la desaladora, lo que hace que la fecha exacta de la venta resulte crucial en la causa.
Por su parte, el consejero de Presidencia eludió pronunciarse sobre la investigación que ha solicitado al juez la acusación popular en el caso La Sal. Pedro Rivera manifestó que sus ocupaciones le impedían atender a esta redacción y remitió a la Oficina de Prensa.
El Juzgado prohíbe la venta de la planta durante cuatro años
La titular del Juzgado de Instrucción número 5 que investiga los contratos asumidos por la Comunidad y las obligaciones contraídas con las empresas promotoras de la desaladora de Escombreras, María del Mar Azuar, ha prohibido la venta a terceros de cualquier derecho sobre la planta en el auto en el que rechaza la intervención solicitada por la Fiscalía. En la resolución difundida este miércoles, la magistrada deja clara «la prohibición de disponer de la planta desaladora de Escombreras», que deberá anotarse de forma preventiva en el Registro para evitar que pueda producirse la enajenación. «Dicha prohibición tiene una caducidad de cuatro años», según recoge el auto.
