19 de marzo de 2019
19.03.2019
Abusos sexuales

Los colegios católicos crean un protocolo para actuar ante casos de abusos sexuales

Escuelas Católicas elabora un decálogo que obliga a los centros a informar ante la Fiscalía si detectan cualquier constancia de maltrato a un menor

18.03.2019 | 22:32
Decálogo
Comunica a la dirección lo sucedido

Las personas que hayan observado indicios o hayan recibido una denuncia lo comunicarán lo antes posible a sus superiores.

Acoge a la víctima y habla con la familia
Paralelamente una persona con autoridad moral deberá hablar con la víctima y con su familia la víctima no corre peligro inmediato físico y emocional, poniendo a su disposición la ayuda psicológica o de otro tipo que precise, y acompañándola siempre que sea necesario. Es importante que la víctima se sienta creída y protegida, independientemente de que una ulterior investigación confirme o desmienta lo denunciado.

Proporciona atención médica
Si hay lesiones y se necesita atención urgente, se deberá llamar al 112 y avisar a los padres.

Abre una investigación
Se iniciará una investigación interna para realizar un análisis de las acusaciones realizadas, su alcance y consecuencias, respetando siempre la voluntad de las posibles víctimas y el derecho de presunción de inocencia.

Aleja preventivamente al acusado de los menores
Si el presunto agresor está en esos momentos en contacto con menores, el centro o institución deberá alejarlo de ellos temporalmente . Esto protege a ambas partes.

Activa el Comité de Crisis
Cada centro debería tener configurado permanentemente un Comité de Crisis que conozca sus funciones de antemano.

Denuncia/comunicación a las autoridades
Si se tiene constancia de un daño a un menor, toda persona mayor de edad tiene obligación legal de ponerlo en conocimiento de las autoridades, por lo que se deberá informar directamente a la Fiscalía.

Actúa
De poco valen las palabras si no van acompañadas de acciones que las avalan y les dan credibilidad. Aun en el caso de que el acusado haya fallecido o el delito haya prescrito, hay que tener en cuenta que las víctimas merecen el reconocimiento de su dolor.

Comunica la crisis
Una vez valorada la crisis, se elaborará un comunicado oficial en el que se condenará cualquier tipo de abusos a las personas y especialmente a menores; se pedirá perdón a la persona que sufrió los abusos y a su familia; y se expresará el compromiso firme con el esclarecimiento de lo ocurrido.

Adopta o refuerza las medidas de prevención necesarias para evitar que se repitan
Se tomarán medidas para impedir que vuelvan a ocurrir hechos de esta naturaleza en un futuro.

El documento, que establece una serie de pasos a seguir, ya ha sido enviado a todos los directores de los 45 colegios religiosos de la Región.

Los colegios católicos contarán con un protocolo de actuación para tratar posibles casos de abusos a menores de edad. Escuelas Católicas, que integra a más de 2.000 centros educativos en nuestro país (45 de ellos se encuentran en la Región de Murcia), ha elaborado un decálogo cuya finalidad es proteger a todos los niños y jóvenes estudiantes que se puedan ver inmersos en una situación de maltrato o de acoso sexual. «Los hechos de abuso sexual a menores no deben silenciarse, ni encubrirse o subestimarlos en ningún caso», recoge el documento, que la pasada semana fue enviado a todos los directores de los colegios católicos.

Escuelas Católicas de Murcia estudiará detenidamente el documento para ponerlo en práctica en sus centros educativos, según explicó ayer a este diario la presidenta de esta asociación en la Región, la hermana Alicia Plaza. Escuelas Católica de Murcia agrupa a 45 centros educativos (1.223 unidades concertadas de educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP) y representa a 2.224 profesores y a un total de 35.491 alumnos.

La iniciativa de Escuelas Católicas surge como respuesta a la cumbre convocada el pasado mes de febrero por el papa Francisco para abordar los abusos a menores en el seno de la Iglesia católica, según explicó a Efe el secretario general adjunto de Escuelas Católicas, Luis Centeno. «Una vez pasado el encuentro y a la espera de que la Conferencia Episcopal Española saque un documento más amplio, nos hemos visto en la obligación y conveniencia de editar este protocolo que resume los pasos que nosotros venimos aconsejando desde 2016 a nuestros directores», explica Luis Centeno.

El decálogo fija las pautas que tiene que seguir un colegio si detecta maltrato. Uno de los puntos es la obligación de informar ante la Fiscalía si se tiene constancia de un daño a un menor. «Toda persona mayor de edad tiene obligación legal de ponerlo en conocimiento de las autoridades». Y en el caso de que sea un religioso o sacerdote, se deberá «informar a la jerarquía eclesiástica».

El documento resalta la importancia de que la víctima se sienta ante todo creída y protegida, con independencia de que una «ulterior investigación confirme o desmienta lo denunciado». Según apunta el decálogo, «le mostrará en todo momento comprensión y no juzgará ni pedirá detalles morbosos».

El protocolo exige además que la denuncia de unos indicios se comunique lo antes posible –«preferiblemente antes de 24 horas»– a los superiores a través de un informe interno. Obliga a proporcionar atención médica, llamando al 112 si hay lesiones y si se requiere una intervención urgente. También se recomienda que se acuda a un centro de salud para realizarse un reconocimiento médico y un parte de lesiones.

Acto seguido, el centro debe iniciar una investigación interna para elaborar «un análisis de las acusaciones, su alcance y consecuencias, respetando siempre la voluntad de las posibles víctimas y el derecho de presunción de inocencia». Asimismo, el acusado deberá ser apartado de forma preventiva de los menores.

El documento recoge igualmente «lo que no hay que hacer». Son otras diez medidas, como «no escuchar a la posible víctima», «negar, de entrada, la posibilidad de que su denuncia sea cierta, o infravalorarla», «culpar al niño, adolescente o adulto, del abuso o de las consecuencias de su denuncia», «negarse a hacer declaraciones», «pedir rectificaciones a los medios de comunicación, salvo casos flagrantes» y «no tomar las medidas necesarias para que hechos de este calibre vuelvan a ocurrir».

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