16 de marzo de 2019
16.03.2019
Polémica

La oposición exige explicaciones a Rivera por los negocios de su suegro

Reprocha al consejero de Presidencia que siga al frente de los Servicios Jurídicos a pesar de su relación familiar con un imputado en la desaladora, que ha cobrado un millón por sus acciones

15.03.2019 | 22:46
Pedro Rivera.

Óscar Urralburu pide su dimisión y Ciudadanos aprecia un conflicto de intereses, mientras que el PSOE ve falta de ética.

PSOE, Podemos y Ciudadanos exigen explicaciones al consejero de Presidencia, Pedro Rivera, por haber seguido al frente de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma a pesar que su suegro, Juan Jódar, que es uno de los implicados en la investigación judicial de la desaladora de Escombreras, fue socio fundador de la empresa promotora de la planta. Podemos reclama la dimisión del titular de Presidencia, mientras que Ciudadanos exige la retirada de las competencias a Rivera para que deje ser el responsable de la actuación procesal de la Comunidad, tras conocerse que el padre de su esposa ha cobrado 1.040.000 euros del grupo ACS por la venta de sus acciones en la desaladora, tal y como publicaba La Opinión este viernes.

Los letrados de la acusación popular Diego de Ramón y Manuel Mazón han pedido al juzgado que investigue el pago de este dinero al suegro de Rivera, quien además cobró honorarios como autor del proyecto de la planta, y reclaman al presidente López Miras que le quite al consejero las competencias sobre los Servicios Jurídicos.

El portavoz de la dirección regional del PSOE, Francisco Lucas, considera que «moralmente debe asumir su responsabilidad» por haber mantenido una actitud contraria a «la ética». Lucas defiende que «ni los murcianos ni la Región se merecen un consejero» que tiene conexiones familiares con un implicado en el caso desaladora. «Cuando se asume una responsabilidad política hay que tener más ética», dijo.

El secretario general de Podemos, Óscar Urralburu, cree que «Rivera debe presentar su dimisión» por «higiene democrática». Aunque estima que «nadie está libre de que un familiar pueda cometer un delito», tiene claro que el consejero no debió continuar como responsable de los Servicios Jurídicos, cuando «la Comunidad Autónoma puede haber resultado perjudicada» por la operación de la desaladora, ni ve pertinente que se produzca una redistribución de las competencias de Presidencia por «su situación particular».

Ciudadanos aprecia «un conflicto de intereses» y exige que las competencias sobre los Servicios Jurídicos sean asignadas a otro consejería, dado que «aquel que tiene que ejercer la acusación no puede ser familiar de uno de los acusados».

Somos Región recuerda que el contrato de la desaladora contiene condiciones «leoninas».

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