08 de marzo de 2019
08.03.2019
La Opinión de Murcia
Política

Los letrados de la Asamblea rechazan la ley de Ciudadanos de Lucha contra la Corrupción

Los Servicios Jurídicos de la Cámara advierten, en un duro informe con 56 consideraciones, de que el texto recoge medidas que no son compatibles con la Constitución ni con el Estatuto de Autonomía

07.03.2019 | 21:52
Los letrados de la Asamblea rechazan la ley de Ciudadanos de Lucha contra la Corrupción

Reprueban que la norma es "confusa" y contiene "numerosos defectos técnicos y contradicciones". Además, también aperciben de que se atribuyen al poder legislativo funciones que son propias del Ejecutivo.

Los letrados de la Asamblea Regional advierten de que la proposición de ley de Gobierno Abierto y Lucha contra la Corrupción, uno de los proyectos estrella de Ciudadanos, presenta motivos más que suficientes para ser declarada inconstitucional. La norma, avisan los juristas, propone medidas que no son compatibles con la Constitución española ni tampoco con el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. La proposición de ley, sostienen, «excede con mucho los límites y principios propios de un sistema parlamentario como el nuestro».

En un contundente y extenso informe de 66 páginas, los Servicios Jurídicos de la Cámara autonómica aperciben además que el texto es «confuso» y contiene «numerosos defectos técnicos y contradicciones». Los letrados reprenden que «está deficientemente redactado», por lo que resulta «generador de una gran inseguridad jurídica», según recoge el informe, al que ha accedido este periódico.

La proposición de ley de Gobierno Abierto es una de las iniciativas que más empeño había mostrado Ciudadanos para sacarla adelante en esta legislatura. Registrada en el mes de julio del año pasado, la formación naranja intentaba con esta nueva norma suprimir la actual Ley de Transparencia de la Región, que Ciudadanos tilda de «cosmética e ineficaz», en palabras del portavoz parlamentario, Miguel Sánchez, quien presumía de que su ley «es la más exigente de España».

La norma de Ciudadanos busca regular «la transparencia de la actividad pública y administrativa». Para ello, la ley pretende dotar al Consejo del Gobierno Abierto (que reemplazaría al actual Consejo de la Transparencia) de entidad jurídica propia y adscribirlo a la Asamblea Regional en vez de al Gobierno. La norma también quiere ampliar el control de la transparencia a los ayuntamientos y fijar una protección especial a los denunciantes de corrupción política.

La ley, de 88 páginas, consta de 86 artículos, repartidos en ocho títulos, y doce disposiciones. «El compromiso por la regeneración está en el ADN de Ciudadanos, así lo muestra esta normativa», proclamaba Miguel Sánchez, cuyo grupo parlamentario, no obstante, se encuentra ahora en la tesitura de tener que corregir el texto cuando falta menos de un mes para el final de la legislatura.

Avisos de inconstitucionalidad

El informe de los letrados, que fue entregado el pasado 25 de febrero, expone hasta un total de 56 consideraciones sobre el texto de Ciudadanos. De todas estas observaciones, al menos una docena son advertencias de inconstitucionalidad.

Los Servicios Jurídicos indican, en primer lugar, que la protección de los denunciantes de la corrupción ya se está tramitando en las Cortes Generales a través de una proposición de ley. Por tanto, si el texto nacional ve la luz condicionaría la regulación que efectúen las comunidades autónomas en esta materia.

Sobre las funciones del Consejo de Gobierno Abierto, los abogados avisan de que ni el Estatuto de Autonomía ni el Reglamento de la Cámara prevé la creación de una entidad con funciones y facultades ejecutivas que sea adscrito a la Asamblea, cuyo poder es legislativo, por lo que invadiría competencias de la Asamblea. Según apuntan los juristas, las funciones de investigación, asesoramiento, interpretación o resolución de reclamaciones no son propias de la Cámara. «Se atribuirían de un modo indirecto funciones que corresponden al poder ejecutivo», argumentan.

Los juristas reprueban igualmente que la imposición de sanciones no pueden ser dictadas por un órgano diferente a la organización a la que pertenece el incumplidor, pues resultaría contrario a la Constitución.

La referencia a la autonomía de la Presidencia y del Consejo de Gobierno, prevista en la ley de Ciudadanos, resulta «contraria a las previsiones constitucionales y estatutarias», pues son «atribuciones que ninguna de las normas reconoce».

Otra amonestación es el plazo fijado para resolver las solicitudes de información, que se computaría desde la fecha de presentación de la petición ante la Administración. Esta medida resulta «contraria» a la Ley de las Administraciones Públicas, indican los juristas.

Contra la división de poderes

También dan un tirón de orejas por incluir artículos, como el 52, que califican como opuestos al principio de división de poderes. Este artículo atribuye la representación y defensa judicial del Consejo a la dirección de los Servicios Jurídicos de la Comunidad. Esta exposición, que los juristas tachan de «extraña», supone que «un órgano adscrito al poder legislativo sea representado y defendido en juicio por el poder ejecutivo».

Asimismo, los letrados censuran que considerar infracción los incumplimientos de otra leyes, cuando las mismas tienen distinto objeto y ámbito subjetivo de aplicación, es contrario a «los principios de buena técnica legislativa» y supone «una disfunción que soslaya el principio de seguridad».

El informe incluye consideraciones de aspecto formal. Así, los letrados reprochan que existen contradicciones en el artículo 6; errores en la numeración de los apartados del artículo 12; fallos en la estructura del artículo 14; reiteraciones en el artículo 17. Incluso hacen menciones ortográficas como en el artículo 15, donde expresan que sobraría una preposición en una frase.

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