07 de marzo de 2019
07.03.2019
La Opinión de Murcia
Vivienda

El nuevo decreto del alquiler da mayor estabilidad a los inquilinos

La PAH reprocha al Gobierno que no incluya medidas para impedir que los 'fondos buitre' sigan especulando

06.03.2019 | 22:22
Anuncio de una agencia inmobiliaria en un edificio de Murcia.

Thader Consumo valora la ampliación del plazo de vigencia del contrato, que pasa de tres a cinco años.

El decreto del Gobierno central publicado en el BOE que modifica la regulación de las viviendas de alquiler introduce medidas parar limitar la subidas de los arrendamientos al IPC y alarga el plazo de vigencia de los contratos de tres a cinco años, con lo que da mayor estabilidad a los inquilinos, según la organización de consumidores Thader. Para la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la limitación de los precios debería incluir mecanismos que obliguen a sacar al mercado las viviendas vacías, gran parte de ellas en manos de los 'fondos buitre', según indicó Francisco Morote. La Comunidad cree que «no aporta novedades».

Las reformas solo serán aplicables a los contratos que se firmen a partir de ahora. No obstante, cuando las partes lo acuerden y no resulte contrario a las previsiones legales, los contratos anteriores podrán adaptarse al nuevo decreto.

El mercado inmobiliario no se ve sometido en la Región a la presión que los alquileres turísticos están ejerciendo en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, aunque la escasez de viviendas después de una década de frenazo de la construcción ha disparado la demanda con el consiguiente repunte de los precios. Por eso, Thader Consumo, que preside Juana Pérez, «valora la ampliación del plazo de vigencia de los contratos», que pasa de tres a cinco años, porque da mayor estabilidad a los inquilinos.

Por su parte, el portavoz de la Plataforma de la Hipoteca se lamentó de que la reforma no evitará que «los grandes tenedores de viviendas, muchas de ellas en manos de los 'fondos buitre', sigan acaparando miles de casas, que compran por lotes con un fin especulativo. Muchas de estas casas las dejan fuera del mercado para ser ellos los que regulen los precios». Francisco Morote destacó que, mientras tanto, «en la Región hay 129.000 viviendas vacías, según el Ine». Añadió que tampoco es posible resolver los problemas a los que se enfrentan las familias con menos recursos sin un parque de vivienda pública mayor, dado que «en España se reduce al 1,5%». Destacó que «la Comunidad está obligada a establecer unos índices de referencia que deben ser tenidos en cuenta en los contratos de alquiler», de igual forma que Hacienda aplica un precio «cuando se compra o se vende una vivienda».

La Consejería de Fomento precisó que este índice se elaborará en un plazo de ocho meses y apuntó que el decreto «no aporta ninguna novedad, puesto que recoge que las comunidades autónomas podrán definir su propio índice de referencia para su aplicación en los programas y ayudas públicas de vivienda, tal y como ya viene haciendo».

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