02 de marzo de 2019
02.03.2019
La Opinión de Murcia
Desaladora

El consejero que está al frente de los Servicios Jurídicos es yerno de un imputado en la desaladora

La acusación popular reclama al presidente que quite a Pedro Rivera las competencias sobre la representación legal de la Comunidad

01.03.2019 | 23:52
Instalaciones de la planta desaladora de Escombreras.

El Ejecutivo defiende la actuación de sus letrados en la causa.

La desaladora de Escombreras ha abierto un nuevo frente al Gobierno regional. El consejero que está al frente de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, Pedro Rivera, es el yerno de uno de los imputados en la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 5 que investiga los contratos del Ejecutivo regional con las empresas promotoras de la planta. Para evitar que esta relación de parentesco entre el titular de Presidencia y el padre de su esposa, Juan Jódar Martínez, pueda dar lugar a una situación de «parcialidad» en las actuaciones legales de la Administración regional, el abogado de la acusación popular Diego de Ramón ha pedido al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que traslade las atribuciones sobre los Servicios Jurídicos a otra consejería. Recuerda que la planta «cuesta 40.000 euros diarios» a las arcas regionales.

De momento, el Ejecutivo regional ha contestado que no ve motivos para apartar a Pedro Rivera y defiende que los letrados de la Comunidad han colaborado en todo momento con el Ministerio Fiscal y han facilitado «toda la información necesaria que ayude a esclarecer y clarificar todos los aspectos que se están analizando en el procedimiento». Responde igualmente que el suegro de Pedro Rivera diseñó el proyecto de la planta «en su condición de ingeniero de caminos», pero «dejó de guardar relación con la desaladora hace muchos años, al menos desde 2009».

En la causa abierta para investigar los contratos firmados por el desaparecido Ente Público del Agua con las empresas promotoras de la desaladora pertenecientes al grupo ACS están imputados casi una treintena de ex altos cargos del Ejecutivo regional, encabezados por el exconsejero de Agricultura Antonio Cerda, directivos de las compañías que participaron en la construcción y socios murcianos de la firma Hydro Management, que es la titular de la planta alquilada a la Comunidad desde el año 2006.

Los compromisos adquiridos con las empresas del grupo ACS obligan a la Administración regional a pagar 18,4 millones anuales para costear su funcionamiento, a pesar de que se encuentra ya a pleno rendimiento y está destinando la mayor parte de los caudales que suministra al regadío. El elevado coste de la subvención pública llevó a la fiscal Maribel Neira a solicitar a finales del pasado año la intervención de las cuentas de la sociedad pública Desaladora de Escombreras, titular del contrato, para evitar posibles desvíos de fondos. Las partes están a la espera de que el Juzgado se pronuncie sobre la petición de la Fiscalía.

Diego de Ramón añade en su escrito al presidente López Miras que considera a Pedro Rivera «un político honesto y honrado», que puede verse «cuestionado», lo que «dañaría su propia imagen y la de la Consejería», por lo que cree que es preferible «alejar cualquier duda o sospecha de imparcialidad».

Por su parte, el Ejecutivo regional defiende la actuación de los Servicios Jurídicos en la causa y recuerda que los letrados de la Comunidad se han pronunciado en contra de las peticiones de sobreseimiento que han presentado los imputados, «incluida la del señor Jódar Martínez, así como a las peticiones de caducidad del procedimiento que estos mismos han realizado».

El Gobierno añade que la representación legal de la Administración regional no se ha opuesto al nombramiento de un interventor judicial al frente de la desaladora, «sino que instó a que el mismo perteneciese al Cuerpo de Interventores de la Administración General del Estado».

Defiende igualmente que «los Servicios Jurídicos de la CARM, pese a ser un departamento estructuralmente adscrito a la Consejería de Presidencia, dispone de la representación procesal de toda la Administración Regional de forma transversal. De hecho, las actuaciones que llevan los letrados de la Dirección siempre se hace en aras de la defensa de los intereses de la Administración Pública como persona jurídica, que a la sazón son los intereses de todos los ciudadanos».

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