24 de febrero de 2019
24.02.2019
La Opinión de Murcia
Lacra

Escudos que protegen a la violencia machista

Juristas alertan de la importancia de modificar la ley, para que no queden impunes casos en los que las víctimas, llevadas por el miedo, se echan atrás y optan por no denunciar a su maltratador

24.02.2019 | 04:00
Protesta contra la lacra de la violencia machista.

Ella, embarazada, presentaba mordeduras y golpes en distintas partes de su cuerpo, producidos, presuntamente, por el que es su pareja y padre del hijo que viene en camino. En la Ciudad de la Justicia, mientras él se enfrentaba a un proceso por violencia de género, la mujer esperaba fuera. No quiso declarar en su contra. Él tampoco declaró. Salieron juntos de los juzgados. Pese a ello, la Fiscalía mantenía la acusación y lo mandaba al Penal. Se ha fijado el juicio para marzo de este año.

Este episodio, que tenía lugar hace apenas dos semanas en Murcia, no es un caso aislado, afirman juristas consultados por LA OPINIÓN. Es bastante habitual. Víctimas de violencia de género no ratifican la denuncia (hecha, en varias ocasiones, por vecinos que se alarman ante los gritos), se niegan a acusar a sus presuntos atacantes y tampoco piden una orden de alejamiento. No es que se trate de casos falsos, insisten los citados juristas: la violencia se ha producido y las lesiones que presenta la víctima así lo acreditan. Lo que ocurre es que las mujeres no desean seguir adelante con el proceso judicial.

El fiscal superior de la Región, José Luis Díaz Manzanera, ha reiterado en numerosas ocasiones que sería necesario cambiar la ley para que estos maltratadores no quedasen impunes. El fiscal cree que hay que modificar la norma (en concreto, el artículo 416), para que la causa pueda seguir, aunque la víctima no se ratifique.

Díaz Manzanera subraya que existen «casos en los que estás convencido de que la agresión se ha producido, pero no se condena, pese a la existencia de un parte médico, porque la víctima no se ratifica». «La víctima en muchas ocasiones retira la denuncia porque no desea la separación física de su pareja», destaca. En su opinión, es el «miedo» el que paraliza, en demasiadas ocasiones, a estas mujeres.

De las 1.591 calificaciones formuladas por el Ministerio Público en materia de violencia de género en la Región, 264 fueron condenatorias tras el juicio oral, 211 fueron absolutorias. Una condena por conformidad se alcanzó en 621 casos, según consta en la Memoria de la Fiscalía de 2017, la última que se hizo pública.

Ya en la presentación de la Memoria de 2016, Díaz Manzanera insistía en «plantear una consulta al fiscal general del Estado para que resuelva esta cuestión, que es básica para saber si tenemos o no tenemos prueba de cargo». Y es que, si la víctima no sigue adelante, el juzgado no puede continuar con el proceso. Básicamente, porque el testimonio de la mujer es la prueba principal.

A este respecto, el abogado José Manuel Hernández Benavente apunta que «en el tema de las denuncias por violencia de género, si la declaración de la víctima es la única prueba y retira la denuncia, o llama a la Guardia Civil un vecino, se instruyen diligencias, van al juzgado, pero ella no quiere declarar... lo normal es que se archive», aunque apostilla que «ahora, cuando hay lesiones, o hay un testigo y el testigo declara, es decir, cuando hay otra prueba, aparte de la declaración de la propia víctima, normalmente el fiscal acusa y lo normal es que se celebre juicio y que vaya al Penal».

El letrado subraya que «si la víctima, ni en la Guardia Civil declara ni en el juzgado declara ni si tampoco pide medidas de protección, el fiscal no las suele pedir. En cualquier caso, si no hay orden de alejamiento, si no la pide, si no hay parte de lesiones... salen del juzgado cogidos de la mano».

«Incluso cuando se acuerda orden de alejamiento. Yo he tenido casos en los que, incluso con orden de alejamiento, la víctima está en la esquina del juzgado, escondida, esperando que salga el marido», comenta. «Pienso que, en la mayoría de los casos, se quebranta la orden de alejamiento y, en menos de un par de meses, se vuelven a ver en el juzgado, por quebrantamiento de condena o por nueva denuncia de violencia de género», sostiene.

En noviembre del año pasado, la Policía Local de Murcia arrestaba en la avenida Marqués de los Vélez a un individuo por agredir a su mujer embarazada, que llevaba en ese momento a su hija de un año en brazos. La víctima contó primero que su esposo la golpeaba de forma habitual. A los pocos minutos cambió su versión y llegó a decir que se había agredido a sí misma. Los agentes no se creyeron esto (había muchos viandantes que vieron cómo el hombre pegaba a la mujer) y arrestaron al sujeto.

También en Murcia, allá por 2016, una mujer acababa con una condena de nueve meses de cárcel tras quedarse embarazada del hombre al que no podía acercarse. Sobre ambos pesaba una orden de alejamiento.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Lo último Lo más leído