La plataforma Pacto por el Mar Menor, en su última reunión, analizó con el abogado ambientalista Eduardo Salazar, integrante del grupo de coordinación de esta plataforma, la situación legislativa de la laguna en relación a las normas específicas que afectan al Mar Menor, concluyendo que están «en el tintero», en el «limbo» , «enterradas» o no se obliga a su cumplimiento.
Por ejemplo, al haberse cumplido un año desde su entrada en vigor, la Ley 1/2018, de 7 de febrero, de Medidas Urgentes para la Sostenibilidad del Mar Menor, «sólo se ocupa de establecer de manera urgente medidas que disminuyan los impactos ambientales producidos desde la agricultura circundante y en menor medida de las aguas pluviales».
Añade que el sector es «insumiso» ante la ley y que la Comunidad «ha empleado más tiempo en sacarle defectos que a controlar su efectivo cumplimiento en materia de setos, surcos y uso de fertilizantes menos dañinos».
Por lo que respecta a la Ley Integral del Mar Menor, «está en el tintero o en un limbo entre la Asamblea y el Gobierno autonómico». Una norma que «se suponía establecería un marco de convivencia sostenible de todos los sectores implicados en el desarrollo socioeconómico de la laguna».
En tercer lugar, el Pacto considera «más preocupante el injustificable retraso en la aprobación del Plan de Gestión Integral (PGI) de los espacios naturales protegidos» de la laguna. «Después de dos exposiciones públicas, la Consejería sigue retrasando esta aprobación, desafiando los plazos otorgados por la Unión Europea y ampliamente superados, e impidiendo la protección efectiva de la laguna». El retraso del PGI «supone una desactivación de las medidas de no deterioro» del Mar Menor, insiste el Pacto.
Por último, señala que «resulta frustrante observar como la Estrategia de Gestión Integrada del Mar Menor, anunciada a bombo y platillo como requisito para obtener financiación europea (ITI), supuestamente sometida a evaluación de impacto ambiental, ha sido enterrada y ocultada por parte del Ejecutivo regional».
La Consejería responde
La Consejería de Medio Ambiente, ha respondido a cada una de las denuncias de la plataforma indicando que, en la primera de ellas, «fueron los partidos de la oposición quienes demoraron un año la aplicación de la ley de medidas urgentes» para prácticas agrícolas.
En el segundo caso, indica que es competencia de la Asamblea Regional; en el tercero, que «estamos pendientes del informe de CES. Tan pronto esté terminado dicho documento se pasará para que informen a los Servicios Jurídicos, y después irá a aprobación de Consejo de Gobierno», sin especificar fechas.
Y sobre la cuarta denuncia (Estrategia de Gestión Integrada del Mar Menor), Medio Ambiente apunta que «se aprobó inicialmente; en abril de 2018 se hizo consulta pública y la consejería de Fomento está terminando el documento para su aprobación».
