El Gobierno regional confía en que la desaladora de Escombreras siga en funciomiento aunque la juez que investiga los contratos suscritos por la Comunidad con las empresas del grupo ACS y la actuación de los ex altos cargos responsables de su gestión acepte la petición de la Fiscalía e intervenga las cuentas de la planta. La Administración regional, que está personada en la causa, presentó un escrito en el Juzgado el pasado 10 de diciembre en el que planteaba que la desaladora sustenta 5.750 empleos en el Campo de Cartagena desde que destina los caudales al riego. La lista de clientes incluye también al resort Mar Menor Golf, propiedad de la Sareb, que cuenta con un hotel en el que trabajan unas 80 personas y genera también empleo indirecto. El llamado 'banco malo', defiende que el campo de golf «cumple todos los requisitos urbanísticos y administrativos».

El consejero de Presidencia, Pedro Rivera, recordó que la Comunidad aceptó en diciembre el nombramiento de un interventor y pidió que este puesto recaiga en «un técnico de la Administración del Estado», aunque evita pronunciarse sobre la posibilidad de que la planta, que cuesta 18,5 millones al año a las arcas regionales, pueda dejar de funcionar. Rivera señaló que la paralización suprondría «una serie de perjuicios» y apuntó que los Servicios Jurídicos de la Comunidad y de la Consejería de Agricultura están «poniendo los medios» para que la situación se resuelva cuanto antes» y «de la mejor manera para todos los murcianos.