05 de febrero de 2019
05.02.2019
La Opinión de Murcia
Fiscalización

El Tribunal de Cuentas reprocha a la Comunidad las pérdidas de la desaladora

El informe de fiscalización de 2016 critica el retraso en la liquidación de cuentas con la anterior concesionaria del aeropuerto

05.02.2019 | 22:21
Desaladora de Escombreras

El Tribunal de Cuentas vuelve a reprochar a la Comunidad Autónoma las pérdidas que origina la desaladora de Escombreras. En el informe correspondiente a las cuentas de 2016 reitera que la sociedad pública Desaladora de Escombreras, que depende de la Consejería de Agricultura, «ha continuado presentando pérdidas significativas por importe de 18 millones de euros, lo que ha determinado que la sociedad se encuentre nuevamente incursa en la causa de disolución prevista en la Ley de Sociedades de Capital".

El Tribunal de Cuentas no prevé que se produzcan "variaciones importantes mientras no cambien las condiciones del actual modelo de gestión, al ser las obligaciones de pago y los compromisos asumidos por Desaladora de Escombreras, S.A. muy superiores a su cifra de negocio».

No obstante, el Tribunal destaca que en 2016 y 2017 ha continuado aumentando el volumen de agua desalada, «alcanzando prácticamente su volumen máximo, lo que supone un importante incremento de los ingresos».


A pesar de este aumento de la actividad de la planta, la Comunidad Autónoma tendrá que aportar este año otros 18,4 millones a la empresa pública, que es la titular del contrato de arrendamiento con la empresa del grupo ACS propietaria de la planta.

Por este motivo, la Fiscalía ha solicitado al juzgado que investiga los contratos asumidos por la Comunidad en el año 2006 que autorice la intervención de las cuentas de la empresa pública.

Respecto a la situación del aeropuerto de Corvera, el Tribunal de Cuentas destaca que «se sigue manteniendo la incertidumbre sobre el resultado final de la liquidación del contrato de concesión administrativa para la construcción y explotación del mismo (con la anterior concesionaria, Aeromur), así como la forma en que se instrumente por parte de la Administración Autonómica, en su caso, el pago de las expropiaciones pendientes que correspondería pagar a la anterior sociedad concesionaria».

Recuerda que en enero de 2018 se adjudicó a Aena el nuevo contrato de gestión, explotación, mantenimiento y conservación del Aeropuerto Internacional de Murcia, previa resolución por incumplimiento del contrato de construcción y explotación del citado aeropuerto adjudicado en abril de 2007.

Sin embargo, Aeromur reclama a la Comunidad 518 millones de euros para liquidar el contrato anulado en 2014. La Administración regional todavía no ha dado a conocer sus propios números.

En materia educativa, los controles formales de la gestión económica de los centros docentes públicos "no han estado acompañados de otras comprobaciones destinadas a verificar la corrección de los saldos de las cuentas rendidas por los centros, así como el cumplimiento de la normativa presupuestaria y de la contratación pública", tal y como señala el Tribunal.

Por otra parte, subraya que las evaluaciones nacionales del sistema educativo realizadas conforme a las previsiones de la LOMCE pusieron de manifiesto que entre el 32% y el 48% de los centros de la Región "estaban por debajo de la media nacional de las competencias evaluadas, a pesar de lo cual solo un 9% del total de los centros de educación primaria presentaron planes de mejora".

En cuanto a la gestión sanitaria, al igual que en el resto de comunidades autónomas, se sigue observando una enorme rigidez del gasto corriente; lo que representa una clara preocupación, de cara a la sostenibilidad financiera, en la prestación de los servicios sanitarios. El déficit global acumulado del Servicio Murciano de Salud, a 31 de diciembre de 2016, ascendía a 665 millones de euros.

Por lo que se refiere al seguimiento de las recomendaciones puestas de manifiesto en el Informe de Fiscalización de ejercicios precedentes, se han apreciado avances respecto a alguna de las medidas señaladas en el Servicio Murciano de Salud. No obstante, se mantienen otras recomendaciones para las que no se han apreciado cambios, por lo que se reiteran en el presente informe.

Respecto al control y evaluación medioambiental, el Tribunal lamenta que la Ley 13/2015, de 30 de marzo, de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia "no ha establecido con claridad qué instrumentos de ordenación del territorio e instrumentos de planeamiento urbanístico y sus modificaciones se encuentran sometidos a evaluación ambiental estratégica en la modalidad ordinaria, simplificada o si por el contrario están exentos de evaluación".


El Tribunal de Cuentas ha aprobado el informe anual de fiscalización de la Comunidad Autónoma correspondiente al ejercicio de 2016, aunque ha detectado "debilidades y deficiencias" de control interno, según informaron fuentes de dicho organismo en un comunicado.

En concreto, se han detectado "debilidades y deficiencias" de control interno en áreas relacionadas con la planificación, programación presupuestaria y gestión contable, así como con la gestión de subvenciones concedidas por la Comunidad, que ponen de manifiesto la necesidad de mejorar y revisar los procedimientos aplicados en la gestión de la actividad económica de la Administración regional

En este sentido, el Tribunal pone de manifiesto que la Comunidad incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria del -0,7% de su PIB regional fijado para 2016; al haberse registrado, en el mismo, un déficit del -1,68% del PIB regional. También incumplió la regla de gasto en dicho año al haber sido la variación del gasto computable (3,3%) superior a la tasa de referencia de crecimiento del PIB para 2015, fijada en el 1,8%.

Como consecuencia de estos incumplimientos, la Comunidad presentó un plan económico financiero (PEF 2017-2018) que, una vez informado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, fue declarado idóneo por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

A pesar de la aplicación de las medidas coercitivas previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, instrumentadas en el acuerdo de no disponibilidad de créditos aprobado el 27 de abril de 2016 por 28 millones de euros, los periodos medios de pago a proveedores de la Comunidad "han seguido superando, en todos los sectores y meses de 2016, el plazo máximo de 30 días marcado en la normativa sobre morosidad", añade el Informe.

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