Cada día se llevan a cabo una media de tres desahucios en la Región de Murcia por no pagar al casero. Así lo indicaba el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su última estadística, que recontó los desalojos producidos en el tercer trimestre del año pasado. En aquel periodo, el número de lanzamientos de alquileres superó por primera vez desde 2013 -desde que se hace el recuento- al de los desahucios hipotecarios, con 313 desalojos por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) frente a 230 por ejecuciones hipotecarias.

De hecho, los lanzamientos por impago del alquiler registraron un crecimiento interanual del 51,2 %, al pasar de 207 en el tercer trimestre de 2017 a 313 en el mismo periodo de 2018, si bien esta cifra se redujo un 26% con respecto al segundo trimestre del año pasado.

Un problema «de fondo»

Un problema «de fondo»«Hay un problema de fondo en los desahucios por alquiler», analiza a este diario Joaquín Sánchez, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Por un lado, «hay una subida desmesurada de los precios de las viviendas de alquiler» y, por otro, «los sueldos de muchas personas, que cobran 400, 500 o 600 euros, hacen que sea imposible pagar el alquiler», apunta Sánchez. «Es un drama en nuestro país», considera.

El portavoz de la PAH, no obstante, sostiene que «existe solución, pero no hay voluntad política». A su juicio, la situación podría revertir «con salarios dignos» y creando «un fondo de alquiler social de la vivienda». También recrimina que seguimos «sin una ley, ni estatal ni autonómica, que proteja a las familias vulnerables, ofrezca alquileres sociales, evite los cortes de luz y dé daciones en pago» y lamenta que la Ley de Vivienda regional, aprobada en 2016 y ratificada por el Tribunal Constitucional en 2018, no se «ha aplicado aún» en la Región.

Sánchez opina que el protocolo firmado entre el Gobierno regional y el CGPJ «es positivo» porque «es un avance en la ayuda de las familias más vulnerables» y porque es «positivo que haya comunicación fluida entre los juzgados y los servicios sociales». Desea que «ojalá se cumpla y funcione», pero avisa: «Esperemos a los resultados. El anterior protocolo (establecido en 2013) fracasó, ya que no impidió que se produjeran desahucios aun habiendo menores en los hogares».