Víctor Lapeña, Lidia Valerio y Marina Costa son trabajadores sociales que atienden a enfermos y familias en la sede que la Asociación Española Contra el Cáncer tiene en la ciudad de Murcia. Estos profesionales son testigos de las historias de superación que hay detrás de cada enfermedad, así como de las dificultades a las que se enfrentan los pacientes. Por lo general, exponen que no resulta algo extraño que haya enfermos que tengan problemas en su trabajo cuando les diagnostican un cáncer. Sostienen que, en muchos casos, a los empresarios les sale más barato despedir al trabajador directamente, que soportar los costes económicos de una baja de larga duración, que puede ser de dieciocho meses. Así, explican con resignación que la situación laboral del enfermo queda en manos de la «solidaridad» del empresario. Indican que esto se debe a que no existe una legislación laboral que «blinde» los intereses y los derechos de los pacientes oncológicos. Por lo que emplazan a las autoridades competentes a que legislen sobre ello.

Los trabajadores sociales también aportan datos relevantes sobre los problemas económicos a los que se enfrenta un enfermo. Señalan que en la Región de Murcia existen un total de 7.331 casos nuevos de cáncer al año; y que de esa cifra hay un 47% de afectados que tienen «serios problemas» para asumir los gastos extra provocados por la enfermedad. Este imprevisto les supone un coste mensual añadido que va de 100 a 150 euros. Este importe va destinado a sufragar cosas como la medicación no cubierta por el sistema sanitario, el gasto en desplazamientos a tratamientos o revisiones, la compra de material ortoprotésico, o los productos para seguir una alimentación específica y más cuidada. En este sentido, Lapeña, Valerio y Costa resaltan que un 11% de los pacientes oncológicos que hay nuevos en la Región no pueden asumir sus necesidades básicas: alimentación, energía, agua.

Siguiendo con el asunto económico, los profesionales de la Asociación Española Contra el Cáncer comentan que este tipo de enfermedad, por regla general, conlleva una disminución de los ingresos económicos. Esto es debido a que el paciente se ve obligado a coger la baja en el trabajo o dejar de atender su negocio si es autónomo. Apuntan que este inconveniente se «agudiza» en familias donde el único sustento proviene del salario del enfermo. Consideran que todo viene motivado por la no existencia de una ley de protección social para pacientes adultos, la cual les brinde una cobertura económica cuando la enfermedad les sobreviene. «Cuando a una persona le diagnostican cáncer la vida cambia completamente y la casa se le pone patas arriba al afectado y a toda su familia», señalan.

Por otra parte, los trabajadores sociales subrayan que, con el fin de la enfermedad y del tratamiento no acaban los problemas laborales para las personas que han sobrevivido a este trance. Explican que a la hora de afrontar la reincorporación al mundo laboral, la gran mayoría de las personas no tienen fuerzas para volver a desempeñar su trabajo al 100% tras estar más de un año combatiendo su enfermedad y apartado de la rutina. El personal de la Asociación Española Contra el Cáncer apunta sobre ello que a los enfermos les quedan secuelas, que, aunque no les limitan en su día a día, son un hándicap en el trabajo.

Por ejemplo, informan de que suelen tener problemas de concentración, anímicos, así como físicos, relacionados con el cansancio. Por ello, estos expertos abogan por que se regule la reincorporación de los enfermos de cáncer al trabajo, para que la vuelta a la rutina laboral no sea inmediata, sino de una forma escalonada. Así, zanjan que «la sociedad tiene que tomar conciencia de esta problemática y exigir que se incluyan terapias complementarias a los tratamientos de curación para guiar a los enfermos en su regreso a la vida».