La Consejería de Agricultura publicaba el contrato programa de la sociedad pública Desaladora de Escombreras el Boletín Oficial de la Región (BORM) el día 31 de diciembre, dando cumplimiento así a la obligación impuesta en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2017, que establece esta norma a todas las empresas públicas dependientes de la Administración regional. En el documento, que recoge las cuentas de la sociedad creada por el desaparecido Ente Público del Agua, que sigue siendo la titular de los contratos suscritos en 2006 con las empresas del grupo ACS promotoras de la planta, se recogen las cuentas oficiales, que cifran en 10.237.750 euros la aportación obtenida por la venta de agua de la planta.

Esta cantidad se suma a la subvención aportada por la Comunidad todos los años para cumplir los compromisos contraídos por la empresa pública con las compañías del grupo ACS, que en el año 2109 superará los 18,4 millones de euros.

Esto supone que el presupuesto total de la explotación alcanza casi los 27 millones. Sin embargo, a pesar de la desaladora se encuentra a pleno rendimiento, el gasto público que exige su mantenimiento y las amortizaciones establecidas en los contratos con las sociedades Hydro Management y Tedaga no se reduce, lo que se traduce en una sangría imparable para la Comunidad.

El Gobierno regional se escuda en la utilidad de los caudales que están recibiendo los regantes del Campo de Cartagena, estimados en unos 20 hectómetros cúbicos, para justificar el mantenimiento de la subvención.

De acuerdo con las cifras que aparecen en los Presupuestos de la Comunidad para este año, la Administración regional aportará 18.485.755 euros a la planta en 2019.

Aunque la investigación judicial ya ha provocado la imputación de más de una veintena de cargos público y directivos de las empresas de ACS, encabezados por el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá, tampoco se ha producido ningún cambio en la relación entre el arrendador y el inquilino, a pesar de que hace varios años ya se planteó en la comisión de investigación de la Asamblea Regional que las condiciones leoninas del contrato podrían suponer su nulidad.