La desaladora de Escombreras le cuesta a la Comunidad tanto como la atención a los casi 1.300 menores tutelados por la Administración regional que viven en los centros de acogida. El presupuesto de este año vuelve a destinar 18,4 millones de euros a costear la planta alquilada a la compañía del grupo ACS Hydro Management, a pesar de que el Tribunal de Cuentas empezó a detectar en 2010 las irregularidades que ahora investiga un juzgado de Murcia. Aunque todos los años este Tribunal le reclama en su informe anual de fiscalización de las cuentas la disolución de la sociedad pública Desaladora de Escombreras, titular de los contratos con el grupo presidido por Florentino Pérez, el Ejecutivo regional sigue sorteando los requerimientos.
El suministro de fondos públicos a la compañía propietaria puede quedar suspendido en cualquier momento, si la titular del juzgado que investiga los contratos y las relaciones con ACS acepta la petición de la Fiscalía e interviene las cuentas de la desaladora, que en 2019 costará a las arcas públicas 18,4 millones de euros, a pesar de que la planta se encuentra a pleno rendimiento y está produciendo ya unos 20 hectómetros cúbicos, destinados al regadío del Campo de Cartagena.
El dinero que cuesta la desaladora daría para pagar la atención a los 1.289 menores tutelados por la Comunidad Autónoma que se encuentran en centros de acogida financiados por la Administración regional, cifrada en 18 millones.
Esta cantidad también se acerca a los 18,8 millones destinados a pagar a los 628 policías locales adscritos al Plan Regional de Seguridad Ciudadana en los 45 municipios de la Región.
También se aproxima a los 22 millones que costarán este año todas las actuaciones de las distintas consejerías en el Mar Menor. Sin embargo, en los últimos ocho años todos los gobiernos de la Comunidad han optado por ignorar las recriminaciones del Tribunal de Cuentas, que también llegó a abrir un procedimiento equivalente a una investigación judicial, aunque quedó suspendido a la espera de que el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia resuelva la causa abierta a raíz de una denuncia de la Fiscalía.
La Comunidad sigue bajo la espada de Damocles de las cláusulas recogidas en el contrato con ACS, dado que en caso de rescisión o incumplimiento el grupo presidido por Florentino Pérez podría reclamar el pago de los 25 años de contrato por adelantado, lo que elevaría la indemnización por encima de los 600 millones de euros.
La Consejería de Agricultura, a la que ha quedado adscrita la sociedad pública tras la desaparición del Ente Público del Agua, admite que «no existe un plazo fijo para la extinción de la sociedad», aunque apunta que «se han dado los primeros pasos recogidos en el acuerdo de Consejo de Gobierno que conducirían a la extinción».
La Fiscalía solicitó en diciembre la intervención de las cuentas de la empresa Desaladora de Escombreras para poner fin a esta sangría, que este año costará más de 50.000 euros diarios a la Administración regional. La mayor parte de la subvención se destina al arrendamiento y mantenimiento de la desaladora, que se lleva 13.156.463 euros. A esta cantidad hay que sumar 5.027.165 euros que figuran en los presupuestos bajo el epígrafe de 'inversión', aunque la Consejería niega que los fondos se destinen a sufragar ningún tipo de obras y sostiene que estos cinco millones forman parte del capítulo de arrendamiento y mantenimiento. A estas cantidades hay que añadir otros 293.447 euros que figuran como gastos corrientes.
Mantiene servicios de asesoramiento a cuatro despachos
Mantiene servicios de asesoramiento a cuatro despachosLa sociedad pública Desaladora de Escombreras, dependiente de la Consejería de Agricultura, sigue contando con los servicios de asesoría de cuatro empresas, después de haber prescindido del abogado Santiago Arnaldos, que está imputado en la causa que investiga el Juzgado Número 5.
En la relación de «medios personales» con los que cuenta la sociedad, según recoge el Contrato-Programa publicado en el BORM, aparecen las firmas Sector 3, para asesoramiento económico-fiscal, junto con Carrillo Asesores Tributarios y Abogados; además de Mateos Monreal Asesores, como asesoramiento laboral, y de Ruiz y Gálvez Abogados. Fuentes de la Consejería han precisado «la sociedad cuenta con servicios externos en materia fiscal, contable y laboral, que son inherentes al funcionamiento de cualquier mercantil».
