El anteproyecto de ley antifraude del actual Gobierno (aún en fase de estudio previo al Consejo de Ministros) prevé rebajar la limitación de pago en efectivo a 1.000 euros por operación, salvo que el pagador sea un particular en que permanece la limitación a 2.500 euros. La limitación para los pagos por no residentes se pretende rebajar a los 10.000 euros por operación, según informa la organización de técnicos de Hacienda. «Gestha ha enviado unas observaciones a la Dirección General de Tributos para rebajar la limitación de pago únicamente a los 1.000 euros, sin excepciones. Para los pagos por turistas aboga por dejarla limitada a 5.000 euros».
