26 de enero de 2019
26.01.2019
Barómetro

Los economistas creen que el salario de 900 euros alienta la economía sumergida

Dos de cada tres profesionales consideran que la subida debería condicionarse a la productividad, según revela la encuesta del Colegio

26.01.2019 | 04:00
José Flores, Patricio Rosas, Carmelo Vera, Ramón Madrid y José Carlos Sánchez de la Vega.

El decano advierte de que el incremento puede resultar más difícil de aplicar en la agricultura y en actividades con una cotización especial, como la del tomate.

Los economistas consideran que la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros que ha entrado en vigor a principios de año alentará la economía sumergida y el desempleo. El decano del Colegio, Ramón Madrid, advertía ayer de que el incremento será difícil de aplicar en la agricultura y, especialmente, en actividades que mantienen todavía un sistema de cotización especial, como el tomate, en el que se tiene en cuenta el volumen del producto que alcanza cada trabajador.

El Barómetro del Colegio de Economistas correspondiente al segundo semestre de 2018 ha incluido una consulta a los profesionales sobre el impacto que el salario de 900 euros puede tener en la economía regional. En su presentación intervinieron también el director del Servicio de Estudios Económicos, Patricio Rosas, y el director de la encuesta, José Carlos Sánchez de la Vega. Ramón Madrid apuntó que «hay que llevar mucho cuidado» para evitar que «tenga un efecto indeseado».

La mitad de los 200 colegiados que han participado en la consulta (51,3%) está «muy en desacuerdo» con la idea de que la medida pactada por el Gobierno con Podemos vaya a contribuir a crear empleo y un 27,5% se muestra «en desacuerdo», lo que indica un rechazo muy elevado (78,8%).

Por el contrario, solo el 6,2% está «de acuerdo» o «muy de acuerdo» con la decisión del Ejecutivo y un 15% se muestra «neutral», ni a favor ni en contra.

Más de la mitad de los economistas (54,2%) considera que la subida salarial incentivará la economía sumergida y que generará mayor desempleo en los colectivos más vulnerables (51,8%), traerá un deterioro en la competitividad de las empresas (50,5%) o el incremento del gasto de las administraciones públicas (42,1%). Un 33,9% añade a esta lista de perjuicios el aumento de la inflación.

Ramón Madrid explicó que el salario de 900 euros aumentará la cuantía de prestaciones como las que paga el Fogasa, lo que dará lugar a un mayor gasto público. Además, la mayor parte de los encuestados no ve la posibilidad de que los mayores ingresos de los trabajadores puedan traducirse en una mayor recaudación de impuestos y cotizaciones.

La proporción de economistas que prevé una mejora del empleo se reduce al 6,2%. También son muy pocos los que esperan un incremento de la demanda interna y del consumo.

Aunque los consultados que encuentran ventajas a la subida son mucho menos representativos, hay un 38,3% que sí considera que aumentarán los ingresos de las administraciones públicas y un 36,8% que prevé una mejora de las condiciones laborales y de vida de los trabajadores.
Casi dos de cada tres economistas que han participado en la encuesta (64,6%) defienden que la subida debe estar condicionada a la productividad de cada sector para evitar que comprometa la viabilidad del empleo y que provoque un aumento de la economía sumergida y del desempleo.

La mayoría de los consultados (59,9%) coincide además en señalar que la aplicación debería haberse consensuado con los agentes sociales y un 42,9% preferiría que la subida se hubiese producido de forma escalonada durante un periodo de mínimo de tres años.

No obstante, más de la cuarta parte de los economistas (26,2%) entiende que «es una subida justa, pero insuficiente para equiparar el salario mínimo a los países de nuestro entorno» y un 17,2% indica que «debe aplicarse de forma inmediata».

Esta afirmación es compartida especialmente por los economistas que trabajan como asalariados del sector privado.

Por el contrario, los partidarios de ligar la subida a la productividad son mayoritariamente empresarios o trabajadores por cuenta propia.
Los economistas dejan claro que sus respuestas muestran la disconformidad «con la manera en que se ha tomado la medida, no con el hecho en sí de subir el salario mínimo Interprofesional».

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