Está todo por hacer. El Real Decreto Ley que recoge la remuneración de las prácticas académicas del alumnado universitario y de Formación Profesional (FP) sólo supone «un mandato» al Gobierno español para que, a partir de ahora y en los próximos tres meses, concrete en un reglamento cómo hacerlo y en qué términos.

La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), a la cual pertenecen las universidades de Murcia y Cartagena, será una parte activa de este desarrollo, tal y como explicó este organismo tras la reunión mantenida hace unos días con los ministerios de Ciencia, Innovación y Universidades y de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

El rector de la Universidad de Murcia (UMU), José Luján, explicó ayer que el Real Decreto Ley 28/2018 recoge en su disposición adicional 5ª que «se debe reforzar la protección social de los alumnos en prácticas» (tanto universitarios como de FP), pero a la vez se da tres meses a los ministerios competentes en la materia para que desarrolle el reglamento.

«Nosotros estamos a favor de esta protección, y también debemos formar parte del desarrollo reglamentario, al igual que los sindicatos y la patronal, entre otros agentes», apuntó el rector, quien lamentó que se hubiera levantado «tanta polvareda» cuando se conoció esta disposición.

A partir de ahora se concretará si se refiere o no a las prácticas curriculares, quién tiene que cotizar por los alumnos, si puede hacerse a través de becas, si hay bonificaciones o reducciones fiscales, etc.

Cuándo y por cuánto

Ni que decir tiene que este curso sería complicado de aplicar, pero, además, la CRUE ha logrado de estos dos ministerios el compromiso de que no entrará en vigor antes del comienzo del curso 2019-2020, en el caso de que se apruebe pronto el reglamento.

Los rectores también salieron de la reunión satisfechos por la «declaración expresa» del Gobierno de trabajar «para evitar que las universidades españolas soporten gastos añadidos por la aplicación de esta normativa».

Y por último, agradecen el compromiso de la Secretaria de Estado de Universidades, Ángeles Heras, «en defensa de los interesas de la comunidad universitaria».