Los municipios de menos de 5.000 habitantes podrán tener sus propios cuerpos de Policía Local formados por un mínimo de 4 miembros, la mitad del mínimo exigido hasta ahora, y se eliminará la edad máxima de 30 años como requisito para poder acceder a esos cuerpos.
Esas son dos de las principales novedades del nuevo proyecto de ley de Coordinación de Policías Locales de la región que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno para actualizar la normativa actual, con 18 años de antigüedad, ha explicado en rueda de prensa la portavoz, Noelia Arroyo.
Así, tal y como habían demandado los pequeños municipios históricamente, podrán crear un cuerpo propio de Policía Local con una plantilla formada por tres agentes y un subinspector, mientras que hasta ahora la plantilla mínima era de seis agentes, un cabo y un sargento, una cantidad muy difícil de asumir económicamente por esas localidades.
De los ocho municipios de la región con menos de 5.000 habitantes, se beneficiarán de la reforma Aledo, Ojós, Ricote y Ulea, dado que Albudeite, Campos del Río, Villanueva del Río Segura y Pliego ya tenían sus cuerpos propios.
Otra de las principales novedades del proyecto es que se elimina la edad mínima de acceso al cuerpo, fijada hasta ahora en 30 años, y se modifican también los límites mínimos de estatura, que será de 1,65 metros para los hombres y 1,60 metros para las mujeres.
La norma contempla también por primera vez medidas de prevención para las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia.
Por otra parte, garantizará una mayor homogeneidad entre todas las Policías Locales, porque será la comunidad autónoma la que emitirá los documentos de acreditación profesional.
Por primera vez se regula también de forma expresa el procedimiento para la retirada de las armas reglamentarias en determinados supuestos.
Para entrar en vigor, este proyecto de ley deberá ahora ser tramitado en la Asamblea Regional, después de haber pasado ya por el Consejo Jurídico y el Consejo Económico y Social de la región, por todas las consejerías de la comunidad autónoma, los 45 ayuntamientos y la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio de Interior.
En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha aprobado varias inversiones en materia de Salud con un importe global de unos 10,5 millones de euros, de los que 7,2 millones estarán destinados a la compra de medicamentos antipsicóticos inyectables y de alto coste para tratar enfermedades como la esquizofrenia en los centros hospitalarios de la región durante un año.
Otros 1,1 millones se destinarán al suministro de jeringas desechables para los centros sanitarios durante el periodo de un año, y un millón más a material fungible para el servicio de hemodiálisis del hospital de Cieza.
Además, se invertirán 830.000 euros en la contratación de un servicio de bases de datos para el SMS, y medio millón más a una nueva aplicación informática para gestionar los bancos de sangre de los hospitales en coordinación con el Centro Regional de Hemodonación, que gestiona las donaciones de sangre de unas 50.000 personas cada año.
Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado nombrar al empresario cartagenero Tomás Martínez Pagán miembro del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).
Para la designación, que se hará oficial cuando se publique en el BORM, se ha tenido en cuenta su larga trayectoria empresarial y profesional, además de su importante papel social en la ciudad portuaria, en la que ha tenido cargos de relevancia en su semana santa y sus fiestas de Cartagineses y Romanos.
Arroyo ha subrayado que su incorporación al consejo social de la UPCT permitirá seguir avanzando en la vinculación entre el mundo académico y el empresarial.
