La Comunidad ultima el cálculo del dinero que reclamará a Aeromur, la primera concesionaria de Corvera, liderada por Sacyr, a cuenta de los gastos que le ha ocasionado el retraso en la apertura del aeropuerto, que está acabado desde 2012. La liquidación de cuentas con la sociedad participada por un grupo de empresas murcianas incluirá previsiblemente la ganancia que ha dejado de tener la Región por no disponer de un aeropuerto que, de acuerdo con los cálculos del Gobierno regional, aportará unos 60 millones anuales durante los próximos tres lustros. Teniendo en cuenta los intereses del aval prestado a Aeromur, que fue ejecutado en 2013, y los gastos de mantenimiento del aeropuerto, la cifra superaría los 500 millones de euros.
El Ejecutivo regional había adjudicado a Aeromur el contrato para construir y explotar Corvera en 2007, pero desde que el aeropuerto quedó acabado hasta que ha podido ponerse en marcha han pasado siete años. Los tribunales han dado la razón al Gobierno regional en todos los pleitos que ha mantenido con Aeromur desde que empezaron a producirse discrepancias, que acabaron con la rescisión del contrato en 2013, aprobada definitivamente en 2014.
Previsiblemente, la liquidación de cuentas no será fácil, dado que la constructora Sacyr también tiene una larga lista de gastos que realizó mientras intentaba que la Comunidad modificara el contrato y le diera más dinero del estipulado en la adjudicación, hasta que Bruselas impidió al Gobierno concederle un crédito adicional. En 2014, antes de perder la concesión definitivamente, Sacyr realizó todos los trámites para poner en marcha el aeropuerto y hasta llegó a conseguir la certificación de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) que le habría permitido abrir, pero aquel esfuerzo resultó infructuoso.
Además de los 182 millones del crédito destinado a financiar el aeropuerto que la Comunidad se vio obligada a asumir cuando la concesionaria dejó de pagar, los socios de Aeromur habían aportado unos 50 millones de euros de su propio bolsillo, que deberán descontarse en la liquidación.
Las cuentas de la Comunidad incluyen los 24 millones de intereses del aval de 182 millones que pasó a engrosar la deuda regional y los costes financieros que ha generado desde entonces, aunque se pagan con dinero del FLA. Además, cuando la consejería de Hacienda le reclamó a Aeromur la devolución del crédito, la sociedad se negó a pagar y recurrió la deuda, que también ha generado intereses de demora a favor de la Administración regional.
La Consejería de Fomento asegura haber abonado además 22,9 millones de euros para pagar las expropiaciones de parte de los terrenos que ocupa el aeropuerto.
La Comunidad tendrá que cargar también en la liquidación de los gastos de seguridad y mantenimiento generados por los años de retraso, que se cifraban en 160.000 euros mensuales, casi dos millones anuales. No obstante, Aeromur se encargó de la conservación del aeropuerto hasta que el juez le obligó a entregar las llaves en abril de 2016.
La cantidad más difícil de precisar es el perjuicio causado a la Región durante los años que ha permanecido sin aeropuerto, mientras que la deuda de la obra se financiaba con dinero público. Los datos del Gobierno regional cifran en 900 millones la aportación económica que supondrá el aeropuerto en quince años, lo que supone 60 millones anuales. Si se da por bueno este cálculo, los beneficios que ha dejado de recibir la Región superarían los 400 millones.
