La Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera, dependiente de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, ha realizado en los últimos 15 años más de 380 actuaciones en materia de corrección y eliminación de situaciones de riesgo derivadas de labores mineras abandonadas por valor de 530.000 euros.
Se trata, fundamentalmente, de construcción de brocales de pozos mineros y cerramiento de galerías en aquellos municipios con una mayor tradición de actividad minera, como La Unión y Cartagena, Mazarrón, Lorca o Águilas, según informaron fuentes de la Consejería a Europa Press.
Además de estas actuaciones directas, la Comunidad Autónoma ha concedido diversas subvenciones, tanto a municipios como a particulares, para que ejecuten estas acciones.
Así, por ejemplo, en el año 2011 se concedió una línea de ayuda al ayuntamiento de La Unión, por algo más de 10.600 euros, para la construcción de brocales de pozos mineros abandonados próximos al núcleo de población, según las mismas fuentes.
Un estudio realizado por la Dirección General de manera conjunta con la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) hace algo más de diez años, cifra en torno a los 1.500 el número de pozos de mina procedentes de labores mineras efectuadas durante los últimos 170 años, todos ellos con brocales u otros elementos de seguridad.
Sobre éste inventario se está trabajando actualmente comprobando que esas medidas de seguridad son suficientes y se mantienen en perfecto estado, añade la Consejería.
POZOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS
En cuanto a los pozos para la prospección y explotación de aguas subterráneas, la Comunidad explica que existe también un protocolo que regula el procedimiento técnico y administrativo a seguir en la tramitación de expedientes de solicitud de aprobación de estos proyectos de prospección y explotación de aguas subterráneas.
Así pues, este protocolo establece, entre otras medidas, la obligación de que la boca del sondeo quede eficazmente sellado para impedir la caída de personas a su interior.
También incluye la obligatoriedad de vallar el perímetro de la zona de trabajo para impedir el acceso a las obras de personas ajenas a las mismas.
Una vez terminados los trabajos, además, se establece la obligación de presentar el correspondiente certificado final de obra suscrito por un técnico competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente en el que se garantice la seguridad.
En la actualidad, la Consejería explica que existen un total de 6.327 pozos autorizados en la Región e inscritos en el Registro de Pozos de la Región que cumplen con este protocolo.
