El presidente de la Froet, Pedro Díaz, calcula que la economía sumergida en el sector representa entre el 20% y el 30%. Tras una reunión mantenida ayer en el Palacio de San Esteban con el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, el presidente de la patronal regional del transporte criticó «la competencia desleal» ejercida por las denominadas 'empresas buzón' afincadas, fundamentalmente, en países del Este de Europa y que compiten en España con salarios «más bajos» y con conductores que solo retornan a su país cada seis o siete meses.

Se trata de empresas que tienen su sede social en un apartado de correos o en un simple buzón de Rumanía, aunque operan en España y en otros países europeos aplicando las condiciones laborales del Estado en el que simulan estar instaladas. Este tipo de compañías podrían acaparar entre el 20% o el 30% de la actividad del sector, según indicaba Pedro Díaz en una rueda de prensa acompañado por el consejero de Fomento e Infraestructuras, Patricio Valverde, tras mantener un encuentro con el jefe del Ejecutivo regional, Fernando López Miras, en el que abordaron los principales problemas del sector, que agrupa a más de 4.000 empresas, 1.500 de ellas asociadas a Froet.

El encuentro tuvo lugar en el palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, donde López Miras recibió a Díaz tras su reciente reelección en el cargo al frente de Froet para los próximos cuatro años. El jefe del Ejecutivo aprovechó para reconocer la labor de los últimos doce años, sobre todo, «afrontando la crisis económica, que ha afectado mucho a este colectivo», que da empleo a más de 25.000 personas.

El problema de las 'empresas buzón' es una de las doce principales reivindicaciones del sector que Froet trasladó este martes a López Miras, junto con otros asuntos como el efecto del Brexit, la imposición del impuesto de la Euroviñeta por el uso de las autovías públicas o la solución a los cuellos de botella en pasos fronterizos provocada por el movimiento de los 'chalecos amarillos' en Francia o los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) en Cataluña.

Díaz se lamentó de que las 'empresas buzón' están haciendo «mucho daño» porque tienen unos costes muy bajos con respecto a las compañías españolas. Y es que un trabajador en Rumanía tiene un coste de 80 euros mensuales a la Seguridad Social, que en España se eleva a 700 euros, mientras que «el salario mínimo es de 350 euros aproximadamente.