05 de enero de 2019
05.01.2019
La Opinión de Murcia
Tribunales

Proponen someter a Valcárcel y a Florentino a un detector de mentiras por el caso Desaladora

La acusación popular quiere aplicarles la técnica de la 'termografía' si la jueza acepta que sean interrogados

04.01.2019 | 19:09
Ramón Luis Valcárcel.

La acusación popular de la causa por la que se investiga la construcción y explotación de la Desaladora de Escombreras ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia que sean interrogados como testigos el expresidente de la Comunidad Autónoma de Murcia Ramón Luis Valcárcel Siso y el presidente de la empresa constructora ACS, Florentino Pérez.

La acusación popular, formada por la asociación Contrapoder, el abogado Diego de Ramón, y la asociación ecologista Anse, también ha solicitado que ambos sean sometidos durante su comparecencia a un detector de mentiras, utilizando la técnica de la 'termografía'. Se trata de una técnica procesal forense (ya que afecta al cerebro) que es aceptada como prueba pericial judicial, al contrario que el polígrafo.

En el caso de Pérez, se le considera «el autor primero y último a través de las participaciones empresariales del grupo de empresas que se tramó, para acceder en fase de monopolio al negocio de la construcción y explotación» de la planta.

Por lo que respecta a Valcárcel, la acusación ve en él al responsable último de los delitos que se investigan, por haber sido entonces el presidente del Consejo de Gobierno que autorizó la constitución del Ente Público del Agua (EPA), del que dependía la desaladora. En un momento del escrito la acusación indica que el expresidente «tiene responsabilidad directa por 'culpa in vigilando', como cabeza responsable en la trama piramidal» y «no podía estar ajeno a esta macrodeuda regional y de desarrollo».

Asimismo, la acusación propone a la jueza, María del Mar Azuar, que se aparte y excluya a la Comunidad Autónoma como parte perjudicada, «ya que de las actuaciones judiciales penales, abiertas en fase de instrucción, y sobre todo en los informes de la Udef y de la Fiscalía adscrita a esta causa, puede interpretarse y confundirse totalmente con las propias actuaciones presuntamente delictivas de los funcionarios y políticos responsables de la Administración autonómica».

También solicita que se investigue la cesión de terrenos que hizo la Comunidad para construir la desaladora a empresas privadas. Y si el cambio de ubicación fue realizado «arrastrando la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), del primer lugar al segundo, o si se hizo un nuevo informe».

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