Medio centenar de personas con discapacidad psíquica e intelectual cumplen condena en las cárceles de la Región de Murcia, calculan desde Plena Inclusión. La mayoría de estas personas tienen un trastorno límite de la personalidad que, afirman desde esta asociación, no había sido diagnosticado antes, ni durante el procedimiento judicial.

Laura Aránega López, psicóloga y responsable del programa de Plena Inclusión en prisiones de la Región, explica que es habitual confundir estas discapacidades no diagnosticadas con otro tipo de problemas, por ejemplo, con una toxicomanía.

Una vez detectada esta dolencia, desde Plena Inclusión dicen que están «luchando para que se reduzca la pena» que se puso a estas personas sin tener en cuenta su discapacidad como atenuante a la hora de dictar sentencia.

A este respecto, el coordinador autonómico de la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip), Fran Mauri, señaló que «los enfermos mentales deberían tener un tratamiento especializado en psiquiátricos, más enfocados a su situación» y no dar con sus huesos en la cárcel.

Mauri dijo que «incluso personas diagnosticadas» acaban ingresando en prisión. El motivo, aseguró, es que «los psiquiátricos penitenciarios no tienen plazas». En este sentido, recordó que en toda España sólo hay dos psiquiátricos penitenciarios, uno en Alicante y el otro en Sevilla.

Las personas con discapacidad o con una enfermedad mental no diagnosticada pueden protagonizar, manifestó Mauri, «peleas, desequilibrios o autolesiones» durante su estancia en prisión, donde siembran «caos», algo de lo que no están exentas las personas sin discapacidad. Aunque el portavoz de Acaip insistió en que el caso de los discapacitados es más significativo, ya que los trabajadores de las cárceles «no podemos tratarlos de acuerdo a sus necesidades», hizo hincapié.

«Ser funcionario de prisiones no nos transforma en psiquiatras, pero tenemos que ejercer de ello», sostuvo Fran Mauri, que volvió a poner el acento en la falta de medios que existe en las dos cárceles de la Región de Murcia.

En esta línea, subrayó que «no tenemos un psiquiatra de forma permanente en prisiones» y que el que va de visita «viene una vez al mes» a ver a los internos. La situación actual «es una vergüenza», denunció Acaip.

En el Código Penal, en su artículo 20, se exponen las causas que eximen de la responsabilidad criminal. Están exentos de responsabilidad criminal «el que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión» y «el que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad».

Por su parte, el abogado murciano José Antonio López Jiménez consideró que «es normal que, si un disminuido psíquico no comprende lo que hace, no se le pueda imputar la comision de un delito, ya que, es incapaz de discernir entre conductas correctas».

En esta línea, el letrado es partidario de, a estas personas «aplicarles otras medidas de seguridad, como internamientos psiquiátricos, en centros educativos especiales, etcétera».

«Y, por supuesto, en sus conductas que constituyan un delito, el que sean inimputables no debe eximirles de responsabilidad civil para la víctimas o perjudicados», responsabilidad que ha de correr «a cargo de sus tutores y, en última instancia, el Estado por no haberlo prevenido antes, tratandolos debidamente en centros», dijo.