Once directores de prisiones, entre ellos el de Campos del Río, han remitido a sus correspondientes fiscalías provinciales un escrito en el que solicitan que se investigue si detrás de las bajas médicas presentadas por un buen número de funcionarios existe una huelga encubierta organizada y si la misma es constitutiva o no de delito.

Fuentes penitenciarias han informado que desde la Secretaría General se ha enviado un escrito a los centros penitenciarios para que, a su vez, se remitieran a las fiscalías provinciales.

Dicho escrito explica que desde el pasado viernes se «ha constatado una inusual ausencia de personal funcionario» en turnos de mañana, tarde y noche, lo que ha generado «problemas muy graves de funcionamiento» en los servicios que se prestan en las prisiones. Las cárceles han tenido que reordenar sus servicios interiores y han doblado turnos de determinados efectivos, según Reglamento, por lo que serán compensados con días y retribuciones. Según Prisiones, en algunos casos esa huelga encubierta ha obligado a suspender las comunicaciones de los internos.