Los toros y el arte de la tauromaquia tiene muy distinto tratamiento en la España de las autonomías: desde la prohibición de las corridas en algunas de ellas, como Canarias, Cataluña o Baleares, a tener una consideración de Bien de Interés Cultural (BIC), como Madrid, Murcia o Castilla-La Mancha.
El Tribunal Constitucional anuló ayer los artículos de la ley balear de toros que prohíbían picar, banderillear y matar a las reses en las corridas. La ley impulsada por el pacto de izquierdas mayoritario en el Parlament vetaba la utilización de cualquier "instrumento punzante" que pueda herir o matar al toro.
Canarias fue la primera autonomías en prohibir las corridas de toros.
La ley canaria de Protección de Animales, aprobada en 1991, descartó los espectáculos sangrientos con animales, entre ellos las corridas de toros, si bien aún están permitidas las peleas de gallos.
Hacía más de diez años que no se celebraban corridas de toros en el archipiélago.
Cataluña prohibió las corridas de toros el 1 de enero de 2012, lo que fue anulado por el Tribunal Constitucional, a instancias de un recurso del grupo popular en el Senado, al entender que invade competencias estatales por estar consideradas las corridas de toros patrimonio cultural de toda España.
En Cataluña la prohibición se inició en 2010, con la aprobación por el Parlament de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), impulsada en 2008 por la plataforma PROU y admitida a trámite tras ser respaldada por 180.000 firmas, tres veces más de las requeridas.
El Parlament sí protege, mediante proposición de ley de 2010, los "correbous", festejos taurinos muy arraigados en algunas partes de la región en los que no muere el animal.
La prohibición taurina afecta a la Monumental de Barcelona, una de las tres plazas más emblemáticas de España, junto con Las Ventas de Madrid y la Maestranza de Sevilla.
Ya en abril de 2004, la Ciudad Condal se convirtió en el primer municipio de España en proclamarse antitaurino, a raíz de una declaración institucional que aprobó el ayuntamiento.
En otras autonomías, la iniciativa catalana motivó el efecto contrario.
Madrid, la Comunidad Valenciana y Murcia iniciaron, en marzo de 2010, los trámites para declarar la fiesta de los toros Bien de Interés Cultural (BIC), y en julio de ese año el PP registró en el Congreso una proposición de ley para instar al Gobierno a garantizar la "fiesta nacional" dentro y fuera de España.
Valladolid y Palencia se pronunciaron a favor de la lidia, mientras el municipio de Toro (Zamora) fue el primero en declarar los toros Patrimonio Cultural, en enero de 2011.
A lo anterior, se sumó la ILP que en marzo de 2012 presentó en el Congreso la Federación de Entidades Taurinas de Catalunya para declarar la tauromaquia Bien de Interés Cultural (BIC), avalada por 590.000 firmas.
En 2013 la ILP llegó a las Cortes; superó los trámites parlamentarios y se aprobó la Ley para la Regulación de la Tauromaquia como patrimonio cultural, que entró en vigor en noviembre de 2013.
Tras cuatro siglos de existencia, es la primera vez que el toreo queda regulado, fomentado y protegido por ley.
Desde 2011 la tauromaquia es Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial en Castilla-La Mancha, Madrid y Murcia y desde 2014 en Castilla y León.
Además, en esa comunidad castellana, en 2016 la Junta, gobernada por el PP, aprobó un decreto-ley, convalidado por las Cortes que prohíbe la muerte de reses de lidia en presencia de público en los espectáculos taurinos populares y tradicionales, como es el caso del Toro de la Vega, un festejo con cinco siglos de historia.
En diciembre de 2016 la prohibición del Toro de la Vega fue avalada por el TC, frente al recurso que había presentado la Alcaldía de Tordesillas.
