El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Miguel Pasqual del Riquelme, analizaba ayer el impacto en la economía regional de las ineficiencias del sistema legal y judicial en un acto del Colegio de Economistas en el NH Amistad de Murcia.
En su ponencia, Pasqual del Riquelme apuntó que «la Justicia es más, mucho más, que un factor económico». En este sentido, destacó que «es, antes que nada, un instrumento al servicio de la cohesión y la pacificación social, de protección de los más desfavorecidos, de garantía de nuestros derechos y libertades y el presupuesto del estado del bienestar; pero también un factor económico».
A este respecto, el máximo responsable del TSJ murciano manifestó que «en estos momentos de incipiente recuperación económica y de agitación inversora, la Región de Murcia no puede permitirse el lujo de tener una Justicia demasiado lenta, que desincentive la creación de valor o el número de transacciones de nuestra economía regional».
En la misma línea, aseveró que «la seguridad jurídica es la premisa imprescindible para generar confianza». «Los países o las regiones que sean capaces de ofrecer mayor seguridad (y, por tanto, una respuesta judicial pronta) estarán comparativamente mejor posicionados para atraer inversiones», hizo hincapié.
Del Riquelme puso el acento en que «tampoco debemos desconocer que el tiempo de espera hasta la resolución del litigio puede desincentivar o condicionar el normal desenvolvimiento y el plan de inversiones y crecimiento de la actividad empresarial, que en parte resulta afectada por el procedimiento judicial».
Recordó que «el Tribunal Superior de Justicia de Murcia viene insistiendo desde hace varios años en la urgencia de incluir en la agenda política, económica y social de la Región, la reivindicación de mayores inversiones y más órganos judiciales para nuestra tierra».
Y es que «las ineficiencias en el sistema judicial también pueden obstaculizar el buen funcionamiento del mercado de vivienda. concretamente, en relación con el peso relativo del mercado de alquiler frente al mercado de propiedad de vivienda», manifestó el presidente del TSJ.
Asimismo, «una menor eficacia judicial reduce la disponibilidad de crédito en relación al PIB local», recalcó Del Riquelme. «Una mejor defensa de los derechos de acreedores y deudores en los contratos de préstamo mejora el desarrollo de los mercados de deuda, lo que se relaciona con préstamos de mayor cuantía, plazos de vencimiento más largos y menores primas de riesgo», subrayó al respecto.
«El buen funcionamiento del sistema judicial tiene también un impacto positivo a escala local sobre el flujo de entrada de nuevas empresas (aunque solo para el caso de emprendedores), el tamaño de las empresas, su capacidad de crecimiento y su grado de especialización», destacó.
