«Es una casualidad». Así definen desde los sindicatos de prisiones lo que está pasando, desde hace unos días, en la cárcel de Campos del Río, la más grande de la Región, donde decenas de funcionarios están pidiendo la baja médica. «Debe de haber un virus», comentan algunos de estos trabajadores.

En Instituciones Penitenciarias, no obstante, no creen que haya virus alguno: creen que se trata de un órdago, de una huelga encubierta, enmarcada en las movilizaciones que estos trabajadores están protagonizando.

Todo vendría a raíz del conflicto salarial que desde hace meses mantiene este colectivo con el Ministerio del Interior. El problema viene de antes de que el juez Fernando Grande-Marlaska tomase las riendas de este departamento. Los funcionarios de prisiones insisten en que no dan más de sí y exigen tanto mejoras salariales como contar con más medios, materiales y humanos, a la hora de desempeñar su trabajo.

Ahora, esta huelga encubierta, para Instituciones Penitenciarias, ha dado lugar, señala este organismo, a que funcionarios que van acabando su turno se hayan visto obligados continuar trabajando para garantizar la seguridad del recinto.

Las cárceles más afectadas en los primeros cuatro días de protesta velada son las de Archidona y Alhaurín de la Torre, ambas en la provincia de Málaga, Villena (Alicante), Albocàsser (Castellón), Picassent (Valencia), A Lama (Pontevedra), Arrecife (Lanzarote), El Dueso (Cantabria), Albolote (Granada), Badajoz, Estremera (Madrid), Campos del Río (Murcia II), Puerto de Santa María I y III (Cádiz) y Sevilla. En Campos del Río, en concreto, serían alrededor de 40 los funcionarios que han pedido la baja.

Las cuatro organizaciones sindicales mayoritarias (ACAIP, CSIF, UGT y CC OO) piden a Instituciones Penitenciarias que se retomen negociaciones sobre la subida salarial del colectivo.

Los sindicatos insisten en que no hay huelga encubierta que valga y se mostraron ayer molestos de que se dude de su «profesionalidad». Sí están enfermos, no están fingiendo, aseveran.

Fuentes penitenciarias detallan que, por el momento, las bajas presentadas son solamente de tres días para las que, en el caso de los funcionarios, solo se exige el justificante médico, por lo que se está «monitorizando» la evolución de esas bajas.

Sin embargo, las consecuencias del exceso de bajas se notaban ayer en un folio (con el membrete del Ministerio del Interior) colgado del tablón de anuncios de la cárcel de Campos del Río: 'Ante la presentación de una elevada cantidad de bajas médicas por los funcionarios de Vigilancia Interior y Vigilancia Interior 2 y la imposibilidad de dotar a los servicios de personal suficiente, se dispone la suspensión de vacaciones, asuntos propios y compensación de festivos hasta nueva orden'. En Campos del Río trabajan 400 funcionarios. En el día de ayer faltaron más de 40 a su puesto de trabajo, indican los sindicatos.