La medida anunciada ayer por la Comunidad es insuficiente e ineficiente, considera Paco Morote, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). «Las personas que viven de alquiler no tiene capacidad de defenderse de la demanda de un casero ante el juzgado», asegura. Lamenta que la situación «es muy preocupante porque son familias que no tienen alternativas y que se van a la calle directamente».

A su juicio, la Ley de Arrendamientos Urbanos, reformada por Rajoy en 2013, es la causante del problema, porque «deja indefenso» al inquilino. «Aunque la regulación es estatal, la Comunidad sí puede hacer cosas, como movilizar las 129.000 vacías que hay en la Región, según el INE, para incentivar su salida al mercado y se frene la especulación de la vivienda», argumenta. «Además, es necesario una política que cree parque público de vivienda». También pide que el Servicio de Mediación Hipotecaria tenga presente a la PAH porque así «lo mandata la ley 10/2016, que se niegan a cumplir». En la imagen, una protesta de la PAH, celebrada hace un mes en la Ciudad de la Justicia.