El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma es el responsable y el que tenía que haber dictado las normas necesarias para desarrollar y aplicar la Ley de Protección Animal, para lo que ha tenido un año desde que se aprobó. Además, se contemplaba que en seis meses debería haberse procedido a la puesta en marcha de la Comisión Interdepartamental de protección y defensa animal.
Ante la falta de un reglamento que ofrezca seguridad jurídica a los veterinarios, desde la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, que dirige Miguel Ángel del Amor, se han posicionado en la misma línea que el Colegio de Veterinarios y la Federación de Municipios y anuncian que solicitarán también una moratoria, «petición que vamos a trasladar a los grupos de la Asamblea, ya que son ellos los que tienen que apoyarla y pronunciarse, al ser una Ley aprobada en el Parlamento regional por todos los grupos», indican.
Miguel Ángel del Amor asegura que «queremos aplicar la Ley, pero se debe hacer de forma progresiva y gradual y siempre con la seguridad de hacerlo en las mejores condiciones».
El 27 de diciembre entrarían en vigor los capítulos 4 y 5 de la Ley, que son los referentes a los centros de fomento y cuidado de los animales de compañía y el funcionamiento de los centros de recogida de animales abandonados, procedimientos de captura y sacrificio cero.
