Los exalcaldes de Caravaca de la Cruz y de Librilla Domingo Aranda y José Martínez, respectivamente, abrieron ayer las comparecencias de los exregidores de los municipios de la Región que han sido citados como testigos por el Juzgado de Instrucción Número 5 de Murcia, que investiga los contratos de la desaladora de Escombreras firmados por la Comunidad Autónoma con las empresas promotoras del grupo ACS. Hoy están citados Pedro Antonio Sánchez, que fue alcalde de Puerto Lumbreras y presidente de la Comunidad Autónoma, y Francisco Jódar, exregidor de Lorca.
En esta causa están imputados el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá, los exgerentes del Ente Público del Agua (EPA) creado por la Comunidad, ex altos cargos que formaron parte del consejo de administración de este organismo y directivos de las empresas de ACS que firmaron los contratos que obligan a la Comunidad a pagar unos 17 millones anuales por los caudales de la desaladora de Escombreras.
Domingo Aranda manifestó ayer al declarar como testigo en la causa por presunta corrupción que el agua que esperaba recibir en Caravaca con el convenio que firmó era para 10 proyectos urbanísticos y dos industriales.
Aranda ha sido uno de los primeros diez exalcaldes de otros tantos municipios que declararán a lo largo de tres días a petición de la fiscal del caso para tratar de esclarecer la forma en la que se firmaron los convenios con el hoy extinto Ente Público del Agua autonómico, las obras previstas, su financiación y especialmente el destino que se iba a dar a los volúmenes recibidos.
El exregidor del PP señaló que el primer conocimiento que tuvo sobre las posibilidades que ofrecía la desalinizadora y los proyectos del EPA fue en una reunión celebrada en el auditorio Víctor Villegas de Murcia, a la que acudieron alcaldes y otros invitados. A raíz de ese primer contacto, las siguientes reuniones las mantuvo con el exgerente del EPA Amalio Garrido. Sobre la financiación dijo que no suponía perjuicio para las arcas municipales, ya que debían afrontarla los beneficiarios.
De todas formas -añadió-, el convenio no llegó a ejecutarse, ya que debido a la crisis económica aquellas iniciativas no llegaron a ponerse en marcha, por lo que ni se recibió agua ni se pagó por ella al EPA.
También declaró ayer el exalcalde de Librilla José Martínez, del PP, quien no dio respuesta a muchas de las preguntas planteadas, aunque indico que el agua era para consumo humano. Sí indicó que en su momento supo de la creación del EPA para resolver el déficit hídrico de la Región y que firmó también un convenio con ese organismo, quedio a leer a funcionarios.
Por otra parte, el Juzgado ha recibido ya toda la documentación requerida por el fiscal a la Comunidad Autónoma para acordar si se acepta la petición de intervenir judicialmente la desaladora.
