15 de diciembre de 2018
15.12.2018
La Opinión de Murcia
Caso La Sal

La Fiscalía solicita al juez que intervenga la desaladora de Escombreras

La fiscal que investiga la relación de la Comunidad con las empresas de ACS sospecha que las condiciones leoninas pactadas entre ambas pueden suponer la nulidad de los contratos firmados en 2006

15.12.2018 | 00:25
Antonio Cerdá (d), que presidía el Ente Público del Agua, acude a declarar al Juzgado.

Solicita que se prohíban cesiones de créditos para evitar desvíos de capital a la propietaria.

La Fiscalía pide al juzgado que investiga los contratos de la desaladora de Escombreras con las empresas del grupo ACS propietarias de la planta que intervenga las cuentas de la sociedad pública que explota sus instalaciones. Isabel Neira propone al Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia que nombre a un interventor judicial que controle la administración de la empresa pública titular del contrato de arrendamiento con las sociedades de ACS al apreciar indicios de varios delitos que podrían suponer la nulidad de los contratos firmados en 2006 por el desaparecido Ente Público del Agua, dependiente de la Consejería de Agricultura. Considera necesario prohibir las cesiones de créditos a la dueña de la planta para evitar desvíos de capital.

El Gobierno regional, que está personado en la causa, acepta la intervención de la empresa pública Desaladora de Escombreras y propone que se ponga al frente de la sociedad a un funcionario del Estado.

La fiscal María Isabel Neira, que interviene en el denominado caso La Sal, aprecia indicios de los delitos de prevaricación, malversación de caudales, cohecho, falsedad y fraude, además de otros posibles, como administración desleal.

En esta causa están imputados el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá, los exgerentes del Ente Público del Agua (EPA) creado por la Comunidad, ex altos cargos que formaron parte del consejo de administración de este organismo y directivos de las empresas de ACS que firmaron los contratos que obligan a la Comunidad a pagar unos 17 millones anuales por los caudales de la desaladora de Escombreras, utilizados ahora para riego.

El juzgado también ha tomado declaración como testigos esta semana a una decena de alcaldes que firmaron contratos con el Ente Público del Agua para que les suministrara caudales de la desaladora, pero que nunca llegaron a necesitar estas aportaciones.

En un escrito dirigido a la titular del Juzgado de Instrucción número 5, María del Mar Azuar, la fiscal apunta una de las principales conclusiones a las que había llegado la comisión especial de la Asamblea Regional que investigó el entramado de la desaladora de Escombreras, la existencia de «condiciones leoninas» en el contrato, que podrían dar lugar a la nulidad.

Plantea por eso la necesidad de bloquear los pagos y las operaciones financieras entre la empresa pública y las sociedades Hydro Management y Tedagua, a las que la Comunidad está obligada a pagar unos 17 millones anuales, de acuerdo con los contratos suscritos en 2006. La fiscal ha formulado estas peticiones una vez que la Comunidad Autónoma ha remitido al Juzgado la documentación que le había solicitado antes de reclamar la intervención de la planta.

En este momento está a la espera de recibir también la documentación requerida a Banesto, la entidad que prestó al grupo ACS el dinero para construir la desaladora con un respaldo por escrito del Ente Público del Agua. A la vista de la información aportada por la entidad financiera, Neira podría proponer la nulidad del contrato.

La fiscal considera que el entramado de empresas y de contratos suscritos por el Ente Público del Agua con Hydro Management y con empresas del grupo ACS responde a una necesidad de la Comunidad de disponer de una planta desaladora, sorteando los mecanismos legales que obligan a la Administración a abrir una convocatoria pública, por lo que llega a la conclusión de que la fórmula utilizada podría haber sido diseñada desde el propio Gobierno. Este entramado exige, a juicio de la fiscal, la connivencia de las empresas del grupo ACS y de los socios murcianos que tienen acciones en la sociedad Hydro Management, algunos de los cuales también han sido imputados. Estos contratos establecen igualmente que en caso de incumplimiento de los pagos durante los 25 años firmados, la propietaria podría reclamar por adelantado el dinero de todo el periodo de vigencia, tal y como ocurrió en 2012, cuando ACS llevó a la Comunidad a los tribunales para exigirle el pago de 560 millones, acogiéndose a esta cláusula.

Un acuerdo entre las partes permitió al Gobierno regional abonar la deuda con dinero del Fondo de Liquidez Autonómica.

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